Tras varios meses de retraso, el desmantelamiento de la térmica de Andorra arranca por fin. Endesa recibió la semana pasada la autorización definitiva para el inicio de las obras por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), dependiente de la DGA, que llevaba un año analizando el expediente. Los trabajos se acelerarán en poco tiempo hasta alcanzar una media de 75 empleos en el actual trimestre y 100 en el siguiente, según estimaciones de la compañía.
Endesa y las empresas a las que adjudicó este proyecto —la UTE formada por Moncobra (grupo ACS) y Rebilita Habilita— han actualizado su cronograma de trabajo y de contratación. Representantes de estas compañías se reunieron este jueves con el alcalde de Andorra, Antonio Amador, para darle a conocer la nueva planificación.
Lo primero que se hará es demoler el parque de carbones, donde, de forma simultánea al desarme de la central, se construirá ya a principios del 2021 un parque solar fotovoltaico de 50 megavatios (MW). Será la primera de las instalaciones de esta energía verde que Endesa quiere levantar en la zona hasta alcanzar una potencia de 1.585 MW, además de otros 140 de eólica. La eléctrica ha sumado a estos proyectos una planta de producción de hidrógeno verde de 60 MW, pero su consecución está supeditada a la captación de los fondos europeos de recuperación.
En el últimos medio año de punto muerto, tras el cierre de la térmica el pasado verano, se han desarrollado trabajos previos para el desmontaje, además de impartirse dos cursos de formación sobre las técnicas y conocimientos requeridos para estas obras. Pero hasta ahora el nivel de contratación ha sido bajo. En el cuarto trimestre del año trabajaron en el central 37 empleados de media en diversas funciones y contratas. Esa cifra se prevé ahora duplicar y triplicar de aquí a junio. El 80% de esta mano de obra será cubierta por personal local, según el contrato suscrito por Endesa con las adjudicatarias del proyecto.
En cuatro fases
El desmantelamiento de la térmica y sus instalaciones asociadas se prolongará hasta seis años, incluyendo un periodo de vigilancia. El cronograma de actuaciones se divide en cuatro etapas no consecutivas en el tiempo y condicionadas a una serie de requisitos.
Tras las prospecciones arqueológicas realizadas previamente, la primera fase —que ahora se va a iniciar— tendrá una duración de 15,77 meses y se centrará en el desmantelamiento del parque de carbones, lo que incluyen el edificio de trituración, la galería de cintas o la plataforma de tolvas de la descarga del ferrocarril.
En la fase dos (35,32 meses) se llevará a cabo el desvío de la conducción de bombeo del Mini Cani hasta el punto de vertido existente en el Regallo y la adecuación de la balsa de Mas de Perlé. La tercera fase será la más larga (62,77 meses, es decir, más de cinco años) y también la más compleja. En ella se abordará el desmontaje y demolición hasta el nivel rasante de todas las instalaciones y estructuras, lo que incluye el elemento más emblemático del complejo, la chimenea de 343 metros de altura, así como las turbinas, las calderas, la planta de desulfuración de gases o las tres grandes torres de refrigeración.
La autorización del Inaga obliga a llevar a cabo una investigación detallada de la situación de los suelos y las aguas subterráneas una vez finalizadas las fases uno y tres a fin de conocer la contaminación de los suelos y proponer actuaciones de regeneración en caso necesario. La autoridad ambiental precisa que el desmantelamiento «no debe suponer una preparación del terreno para proyectos futuros, debiendo quedar la conformación de las superficies incluida en el futuro proyecto de planta solar fotovoltaica».
Endesa deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles daños al medio ambiente por la producción de residuos peligrosos durante el desmantelamiento por una cuantía de 1,87 millones de euros.
