Vanessa Murcia, la madre zaragozana cuya hija de 7 años lleva cinco "secuestrada", según insiste su entorno, en Rumanía, sigue sin ver a la niña pese a que un juez decretó, en febrero, que su padre debía traerla el pasado 13 de abril para pasar diez días con la mujer. El padre ha incumplido la orden, por lo que la familia considera que los tribunales deben actuar y devolverle la custodia de la pequeña, que según les consta está enferma. Mañana expondrán la documentación sobre el caso ante los medios de comunicación.

Murcia llevaba años denunciando que su expareja, C. O., se había llevado a su hija sin su consentimiento, pero los tribunales no le habían dado la razón. También denunció unos supuestos malos tratos, acreditados con testigos más adelante, con la representación del letrado sevillano Francisco Serrano.

Finalmente el Juzgado de Familia número 16 de Zaragoza decretó que, por arraigo, a la niña no le convenía abandonar Rumanía, donde lleva viviendo desde los dos años. Pero sí creyó conveniente que pasara periodos de vacaciones, como la Semana Santa, con su madre.

FONDOS Sin embargo, el padre no la trajo al punto de encuentro designado por el juez cuando correspondía. Según fuentes del entorno de Vanessa Murcia, el hombre aseguró que no tenía dinero para viajar a España con la niña, y sugirió que fuera la madre quien se desplazase allí, e incluso que se quedara a vivir con ella.

Aseguró que a la niña la cuidan entre él, la abuela y "terceros". La familia de Murcia asegura que tiene pruebas de que ni siquiera es la madre de C. O. la que se hace cargo de ella, y también afirman tener acreditado que la menor sufre enfermedades del estómago que le impiden retener la comida, así como cierto grado de alopecia.

Por ello, vuelven a reclamar que los jueces otorguen la guardia y custodia de la menor a Vanessa. La madre volverá a explicar el caso y las novedades judiciales, acompañada por su abogado y la psicóloga Maribel Bastidas, de la asociación Adehuma.

DESPROTEGIDOS La asociación, de hecho, ha nacido en Zaragoza a raíz del caso de esta madre, con el propósito "de asesorar y ayudar a las personas desprotegidas y en especial exigir el cumplimiento de los derechos del niño y de la familia", según explicaron en un comunicado. Su sede está en la calle Cereros, en el local del número 18.