La crisis económica y los recortes de los derechos sociales han tenido muchas consecuencias y, entre ellas, los desahucios. Familias con ingresos, pero insuficientes debido a la precarización laboral, que nunca vivieron por encima de sus posibilidades y con hipotecas por debajo de la media tuvieron que hacer las maletas forzosamente por no poder pagar a los bancos. Una realidad que demuestra un estudio realizado por el doctorando de Sociología, Jesús C. Aguerri, y que se basa en el análisis 390 casos reales cuyos expedientes, abiertos entre el 2012 y el 2014, se han gestionado por el Servicio de Mediación de Zaragoza Vivienda. Otra de sus conclusiones principales descubre que en Zaragoza hay tres barrios que han sufrido especialmente esta cruda realidad de los lanzamientos: Oliver-Valdefierro, La Almozara y Las Fuentes, que han aglutinado el 25% de los desalojos.
Zonas castigadas
Este joven de 24 años analizó los 390 expedientes durante sus prácticas del máster de Sociología de las Políticas Públicas que realizó en la Universidad de Zaragoza con el propósito de conocer la distribución dentro de la ciudad de los desahucios y qué zonas han sido más castigadas. Y no solo ha concluido que hay tres distritos de referencia, sino que dentro de los barrios hay calles que concentran el 21% de los desalojos.
Entre el 2012 y el 2014, según el Consejo General del Poder Judicial, se iniciaron 4.107 procesos de ejecución hipotecaria en la provincia de Zaragoza. En el caso del distrito Oliver-Valdefierro, el 9% de los lanzamientos se registraron en la Camisera, es decir, en el entorno de la calle Antonio Leyva. En La Almozara, el 5% de los lanzamientos se produjo en hogares ubicados entre el paseo María Agustín y la estación Delicias. Y en Las Fuentes, un 8% fueron entre Compromiso de Caspe y el río Ebro. La parte alta de San José o San Pablo se han llevado lo peor.
Los tres barrios tienen una peculiaridad: se crearon entre los años 50 y 60 para poder dar cabida a aquellos que llegaron a la ciudad procedentes del campo. Con el paso del tiempo han mantenido su condición de barrios obreros, donde habitan familias de clase media que se dedican al sector de la construcción, los servicios o la industria, explica Aguerri. Son zonas urbanas en las que «viven personas humildes, con rentas que les permitían acceder a una vivienda barata y que se toparon con la crisis», explica.
Estabilidad
Gran parte de los lanzamientos (25% de los casos) afectaron a familias que habían comprado sus hogares en fechas próximas al 2007, es decir, «se cumple el principio de que los últimos serán los primeros» por el que «cuanto más reciente es la estabilidad alcanzada, más sensibles son a la crisis, ya que todavía no habían adquirido suficiente capital de ahorro», asegura. «Consiguieron comprar una casa en un momento en el que tenían estabilidad económica, pero con la crisis perdieron sus trabajos y, aunque muchos han vuelto al mercado laboral lo han hecho en un momento de precarización», añade.
Según el estudio, el 30% de los casos analizados tenía, al menos, a algún miembro de la unidad familiar trabajando cuando la sombra del desahucio les enturbió su día a día. Pero claro, los ingresos, fruto de empleos con sueldos bajos no eran suficientes para hacer frente al pago mensual de la hipoteca. La mayoría de los afectados correspondía a familias con hijos por lo que, parte del salario, lo destinaban su cuidado.
El estudio niega que se haya producido un «sobreendeudamiento» de las familias o que hayan vivido por encima de sus posibilidades. Según los datos obtenidos, en el 2006, la media de las hipotecas de estas familias ascendía a 157.357 euros, cuando el promedio en la provincia era de 175.516. Aunque los casos analizados sucedieron entre el 2012 y el 2014 la realidad no ha cambiado mucho. El drama se mantiene.
