La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya ha cifrado el montante al que ascienden las facturas falsas en Plaza. En su último informe enviado al Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza señala que siete empresas facturaron 2.529.435,08 euros a la sociedad pública, si bien los agentes señalan que hay 16 facturas que no se puede constatar que son irregulares porque "ha pasado tiempo o porque hay falta de medios de prueba" a los que puede tener acceso este grupo de investigación.

No obstante, en todos ellos falta la firma del jefe de producción que, según la hipótesis con la que trabajan, esta persona es la que debe controlar el trabajo realizado a pie de obra y trasladársela entonces al jefe de obra y este al gerente, que da el visto bueno y se procede al pago. Detrás de estas operaciones estarían el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril, y el directivo de Acciona en Aragón, José María Jordán, ambos imputados en el caso saqueo.

De todas los cobros analizados, la UDEF resalta especialmente una obra contratada por García Becerril a Altair Management Consultants sobre un estudio de viabilidad de un negocio en una zona de equipamiento social privado, en concreto sobre la viabilidad de un servicio de guardería o de residencia de la tercera edad en Plaza que fue cargada a la UTE Acciona-Mariano López Navarro.

La Policía no solo destaca esa circunstancia, sino que ese estudio realizado por Altair corresponde "página a página" con el que entregó la sociedad Multiinversiones 2005, perteneciente al imputado Agapito Iglesias --también encausado en el caso pagarés--, para demostrar que efectivamente realizó un trabajo realizado por parte de la sociedad Pulsar Consultoría e Inversiones, que pertenece a Patricia y Carolina García Planté, hijas de García Becerril.

La diferencia de un estudio y otro es que se ha variado la colocación del número de orden de las hojas, ya que en el que entregó Agapito Iglesias es el mismo que el de Altair.

DESCONTROL La UDEF también destaca que el control sobre el trabajo realizado "parece no ser muy estricto". Varios empresarios reconocieron que no había contratos como tal por escrito, sino que lo habitual era una especie de "pedido" en el que se detallaba el trabajo que hay que realizar y las tarifas. En otras ocasiones era todo verbal.