Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Zaragoza una organización criminal que favorecía la inmigración ilegal con fines de explotación laboral. Se ha detenido a siete personas, entre ellas la responsable de este grupo criminal y uno de sus hijos, a las que se les imputan un delito contra los derechos de los trabajadores, otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de amenazas graves. Los arrestados controlaban la contratación ilegal de ciudadanos extranjeros en situación irregular para cuidar enfermos en hospitales de la ciudad.
Las investigaciones policiales comenzaron hace tres meses, cuando se tuvo conocimiento de varios altercados que se estaban produciendo en los hospitales de la capital aragonesa, y que involucraban a personas extranjeras, mayoritariamente de origen nicaragüense, dedicadas al acompañamiento y cuidado de enfermos y ancianos.
"Esto es territorio nuestro": amenazas, coacciones y agresiones para evitar la competencia
Una de las personas involucradas en estos altercados era B.M.B.A., conocida para los investigadores puesto que ya fue detenida por hechos similares en el año 2012. Esta mujer, junto con otras personas de su confianza, constituían una organización dedicada a monopolizar las labores de acompañamiento y cuidado de enfermos en la ciudad de Zaragoza, para lo que acostumbraban a amenazar y coaccionar a otras personas que intentaban publicitarse para estas mismas labores en los hospitales más importantes de la capital.
El modus operandi de la organización liderada por la principal investigada consistía en hostigar, amenazar, provocar, agredir y denunciar a aquellas personas que querían dedicarse al cuidado de enfermos por su cuenta, aduciendo que “esto es territorio nuestro”. Quien quisiera trabajar en el cuidado y la atención de enfermos debía hacerlo o para ella o pagándole la comisión correspondiente.
Trabajadores extranjeros en situación irregular sometidos a condiciones laborales ilegales y abusivas
Los investigadores lograron acreditar también que, para llevar a cabo esta actividad, estaban conculcando los derechos de ciudadanos extranjeros extracomunitarios, mayormente de origen nicaragüense, que hallándose en situación irregular en nuestro país, no tenían otra opción que acatar las órdenes de la organización, desempeñando esta actividad laboral sin contrato, permiso de trabajo o residencia, ni respeto alguno de la legislación vigente en materia laboral, de prevención de riesgos laborales, de formación y cualificación profesional o de cualquier otro tipo.
Asimismo, las condiciones laborales impuestas a estas personas en situación irregular (que se hospedaban en pisos con los que la organización había creado una infraestructura de alojamiento en la que aparecían como empadronados casi medio centenar de ciudadanos de origen nicaragüense), carentes de permiso de residencia y trabajo, no respetaban lo dispuesto en la legislación laboral española, sin alta en Seguridad Social, conculcando las normas básicas de prevención de riesgos laborales, exigiendo a tales trabajadores la entrega de comisiones por cuidado de enfermos e intimidando a los mismos con favorecer su expulsión del territorio español en caso de no acceder a tales condiciones.
Los miembros de la organización, siguiendo indicaciones de su líder, utilizaban amenazas y coacciones para asegurarse cobrar la comisión que se exigía a los extranjeros por trabajar y que no fueran a denunciar ante las autoridades españolas, aprovechando la situación de vulnerabilidad de los mismos para imponerles condiciones de trabajo abusivas, tales como turnos de entre 10 y 12 horas diarias, por unos 20 ó 25 euros, de los que invariablemente tenían que abonar entre 5 y 10 € a la organización, llegando a prolongarse estas cadencias de trabajo por más de 12 días consecutivos.
Todos los indicios recabados permitieron que la autoridad judicial ordenara la entrada y registro en los domicilios de la principal investigada y de su colaboradora más próxima. Allí se encontraron varias libretas con anotaciones de los servicios realizados, las comisiones cobradas, los trabajadores disponibles, los turnos realizados e incluso de las deudas contraídas con la organización.
En el transcurso de la investigación, se han incoado 12 expedientes de sanción por infracción a la Ley de Extranjería.
Las investigaciones continúan abiertas, analizándose la documentación y el material informático incautados en los registros, por lo que no se descartan futuras detenciones.
