La Guardia Civil ha detenido a dos miembros del consejo de administración de un grupo de clínicas odontológicas, que tiene establecimientos en Huesca, a los que imputa la presunta falsificación de contratos y facturas para la obtención de financiación y créditos, informa hoy la Benemérita.
La Guardia Civil ha detenido a dos miembros del consejo de administración de un grupo de clínicas odontológicas y ha imputado a un tercer integrante de dicho consejo, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de contratos y facturas para la obtención de financiación y créditos para el grupo, que contaba con establecimientos en Barcelona, Tarragona, Girona, Huesca y Santander.
El pasado mes de septiembre, y bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, el Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña inició la investigación de la denominada 'operación Dentar'.
Las indagaciones de la Guardia Civil tuvieron su origen en la querella presentada por un socio y miembro del consejo de administración de este grupo comercial, dirigida contra varias personas del mismo por la presunta comisión de diferentes delitos en la administración de la sociedad.
La Guardia Civil pudo determinar que las tres personas implicadas habrían realizado apuntes contables falsos para incrementar el patrimonio de la sociedad y ofrecer apariencia de solvencia con el fin de engañar al resto de accionistas y también a futuros inversores y, de este modo, obtener financiación y concesión de créditos.
Entre éstos, destacaba el préstamo de 1.500.000 euros aprobado por el Institut Català de Finances (ICF), justificado mediante la utilización de facturas falsas de proveedores y contratos de compra o traspaso de clínicas, también falsos, que sirvieron para justificar el destino del crédito.
Para obtener este crédito de inversión -que ICF pagaba a medida que se justificaba el desembolso para el que había sido concedido- los gestores de la sociedad presentaron para este fin una serie de documentos (facturas, contratos y pagarés falsos).
Las irregularidades de la documentación que paulatinamente se presentaba no fueron detectadas por los mecanismos de control de los analistas del ICF.
Los investigadores, en la fase de explotación de esta operación, practicaron dos entradas y registros en las localidades barcelonesas de Santa Perpètua de Mogoda y Sant Cugat del Vallès, donde, además de incautarse documentación relacionada con el caso, se procedió a la detención de los dos miembros del consejo de administración del grupo, ambos españoles y vecinos de esas poblaciones.
Posteriormente a estas detenciones, se procedió a la imputación del tercer implicado en este caso, también español y vecino de Barcelona.
A todos ellos se les imputa la presunta comisión de un delito societario, así como de falsedad documental y apropiación indebida.
Por otra parte, y de forma complementaria, la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Cataluña investiga la presunta comisión de dos delitos fiscales, cometidos los años 2009 y 2010.
La sociedad -hoy en día acogida a concurso de acreedores- presentaba un déficit de 9,5 millones de euros.
