Una deuda impagada que llevó a la junta de compensación de Arcosur a exigirle el pago de más de 600.000 euros a 236 familias del barrio ha llevado a la Policía Nacional a detener a dos promotores inmobiliarios por, supuestamente, quedarse 1,2 millones de euros en la construcción de unos bloques levantados en el paseo de los Arqueros -los números 15 y 21- e Invasores del Espacio.

El arresto de José Luis S. G. y Dolores V. V. se produjo después de ocho meses de investigación llevada a cabo por el grupo de Blanqueo de Capitales perteneciente a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía. Como adelantó EL PERIÓDICO, fueron los propios denunciantes los que señalaron con nombres y apellidos a los sospechosos, al igual que la cuantía, ya que responde al desfase sobre el presupuesto inicial.

Según señala la Jefatura Superior de Policía de Aragón, la sociedad de estos dos investigados, de 62 y 68 años, pusieron en marcha una sociedad en el 2008 para captar clientes de cara a la constitución de una comunidad de bienes. Para ello, se arrogaron, como administradores de la comunidad de bienes, «amplísimos poderes que los facultaban para todo tipo de gestiones con este fin, dando inicio a la promoción de dos edificios».

Atraídas por los competitivos precios publicitados por la gestora, más de 100 familias confiaron sus ahorros a la gestión de la señalada sociedad con la esperanza de conseguir una vivienda. La sociedad gestora negoció los préstamos necesarios con las entidades bancarias, y contrató a las empresas de construcción, que fueron quebrando unas tras otra, hasta que, en el 2013, se finaliza la construcción de los dos edificios y se procede a la disolución de la comunidad en el convencimiento por parte de los comuneros de que la misma carece de deudas y que cada uno de ellos tiene que hacer frente únicamente a las subrogaciones hipotecarias que les corresponden.

Sin embargo, según la Policía, la situación real fue «muy diferente y los comuneros se encontraron con la desagradable sorpresa de que la Junta de Compensación reclama a la comunidad de bienes una deuda de 563.857,67 euros, y que una entidad bancaria reclama el impago de pagarés por importe de 683.412,85 euros. En total se encuentra la comunidad con una deuda de 1.247.269,52 euros.

Tras el estudio de la documentación, la Policía determinó que la empresa gestora se había arrogado unilateralmente mediante escrituras públicas unos honorarios del 10% sobre cuantas cantidades integrasen el importe de la ejecución, así como sobre el precio de la finca a adquirir. Igualmente la sociedad gestora impidió en todo momento el acceso a los comuneros a la información directa de las cuentas.