La Guardia Civil ha detenido a una pareja de argentinos afincada en Azuara por, supuestamente, fabricar pizzas de manera clandestina y comercializarlas haciéndose pasar por una empresa solvente.
La investigación la llevaron a cabo agentes del instituto armado, después de que una empresa denunciara el uso de su nombre para la venta de un producto que ellos no realizaban. Tras realizar diferentes gestiones, la Benemérita dio con estas personas, identificadas como G. P. S. y C. E. C., quienes tenían habilitado una nave para la manufacturación de este alimento típicamente italiano.
Los agentes pertenecientes al Seprona pudieron gran cantidad de ingredientes de las pizzas como jamón, chorizo o atún que, al parecer, no guardaban las medidas necesarias de seguridad y conservación de alimentos marcadas por la normativa vigente, tal y como adelantó EL PERIÓDICO.
Todo ello fue intervenido por la Guardia Civil para su estudio, además de precintar el lugar en el que realizaban este producto. La investigación llevada a cabo pudo determinar que G. P. S. y C. E. C., daban salida a su producto a través de internet y teléfono móvil, llegando a distribuir las pizzas a establecimientos de diferentes provincias españolas. Algunos envíos se había podido utilizar el servicio de una empresa de transporte de paquetería, comprobando que entre los meses de enero del 2019 y febrero actual los productos elaborados habían sido distribuidos, a fecha de hoy, a 50 establecimientos en una gran cantidad de provincias españolas, arrojando un total de más de 12.000 kilos transporte que se realizaba en vehículos que no reunían las condiciones necesarias (frigorífico o isotermo).
Las provincias en las que hasta el momento se han podido comprobar la recepción de este producto serían Alicante, Asturias, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Gerona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Soria, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza. Siendo los establecimientos afectados dedicados a hostelería, caterings, hoteles, pizzerías, campings, piscinas, organización de eventos y particulares.
Una actividad que habrían realizado a espaldas del Fisco, por lo que, junto al delito contra la salud pública también se les imputaría otro contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.
La última operación de similares características llevada a cabo hasta la fecha se remonta al pasado mes de diciembre del 2019 destruido en Aragón dos toneladas de alimentos congelados y refrigerados que iban a ser distribuidos por una empresa pirata que había sido localizada en Zaragoza.
La incautación se produjo en el transcurso de una ronda de inspecciones a empresas de almacenamiento y distribución de alimentos en el polígono industrial de La Puebla de Alfindén. La mayoría de los alimentos intervenidos eran alimentos vegetales exóticos, pollo y pescado. Los inspectores observaron que los arcones y refrigeradores en los que almacenaban los alimentos no estaban dotados de los dispositivos preceptivos de control y regulación de temperatura.
