Los detractores de Torre Village vuelven a la carga. El recurso contencioso administrativo presentado hace un año contra la puesta en marcha del centro comercial, que la firma Iberebro (familia Soláns) está construyendo en la antigua fábrica de Pikolín de la autovía de Logroño, se encuentra pendiente de señalamiento para votación y fallo desde hace un año (desde el 16 de enero del 2018). Los demandantes, entre los que se encuentra una amalgama de organizaciones políticas, sindicales, vecinales y comerciales, alzaron ayer la voz para criticar esta demora y urgieron al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) a que se pronuncie de modo «inmediato» sobre la legalidad de este macro outlet.
La batalla judicial fue impulsada por los partidos Podemos, IU y Zaragoza en Común, los sindicatos CCOO y UGT, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zaragoza (FABZ), asociaciones de comerciantes de Las Fuentes y San José Barrio y Ecologistas en Acción, entre otras entidades.
Representantes de estas organizaciones comparecieron en rueda de prensa para denunciar su indefensión ante el retraso judicial. Temen que la sentencia llegue tarde y que, aunque la justicia les diera la razón, el complejo ya no se paralice al encontrarse en pleno funcionamiento -la previsión es que abra en el segundo semestre del año-. Así ocurrió, recordaron, con el híper Alcampo Utrillas, que el Supremo consideró ilegal pero la decisión fue inaplicable por el retraso.
Que la resolución se sigue demorando «no beneficia a ninguna de las partes», advirtió Juan Carlos Crespo, de la FABZ. La demora del proceso añade, dijo, «más complejidad», ya que actividades iniciadas «podrían ser declaradas contrarias a derecho».
LEGALIDAD DE LOS USOS
Las entidades se oponen a la reconversión de una zona industrial de la ciudad en una gran superficie comercial. Creen que la autorización de usos en esa ubicación concedida con la aprobación del plan especial de reforma interior del área H-61-5, que salió adelante con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos y en contra del criterio del gobierno municipal de ZeC, no es posible conforme a las normas y contenido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Para aclarar la legalidad del proyecto, el recurso presentado considera determinante que se aclaren dos cuestiones principales. Por un lado, la compatibilidad de los usos acordada con el aval municipal. Y por otro, si el proyecto debería haber sido sometido a la figura de una evaluación ambiental estratégica.
Entre los efectos negativos que advierten destaca «el riesgo de colapso» de la autovía de Logroño por la afluencia de visitantes. También consideran que medioambientalmente es «insostenible». En este sentido, reclamaron al Gobierno de Aragón «más sensibilidad» con los perjuicios del complejo para el pequeño comercio zaragozano y la ecología. Por ello, pidieron a la DGA que deje de apoyarlo y siga el ejemplo de la Generalitat valenciana, que ha rechazado la puesta en marcha de un gran centro comercial, un modelo de venta que consideran además que va «a contracorriente» de las tendencias actuales.
La secretaria de Acción Sindical de la federación de Servicios de CCOO, Carmen López, arremetió contra las «burbujas laborales» del proyecto, cuyo proceso de selección de personal anunciado «a bombo y platillo» hace un año está, dijo, parado y ha generado «malestar y frustración» entre los candidatos. Tampoco se han puesto en marcha, aseguró, los cursos de formación prometidos, por lo que instó a la DGA a retirar la colaboración del Inaem a la iniciativa de Iberebro.
