Comenzó ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza la comisión especial que está llamada a aclarar el estado de las deudas mutuas entre el consistorio y el Gobierno de Aragón. Lo hizo con la comparecencia de dos altos cargos, de perfil técnico, como son el interventor municipal, Ignacio Notivoli, y el coordinador del área de Economía, Miguel Ruiz, en la que, si algo quedó meridianamente claro es que la «deuda exigible» a la DGA a día de hoy es de poco más de 43 millones de euros.
Especialmente el testimonio de este último resultó clarificador para los grupos municipales que, uno a uno, pudieron trasladarle las preguntas que vieron más convenientes. Y, entre sus respuestas, detalló cómo la deuda por impagos tributarios del Ejecutivo autonómico a fecha de 31 de mayo ascendía a más de 10 millones de euros pero que, en realidad, en fase ejecutiva -con todos los requerimientos y apremios ya agotados- solo se encuentran deudas por valor de «3,12 millones». El resto, casi 7 sigue su curso y están todavía en periodo de pago.
Así que, con la incógnita sobre la morosidad fiscal de la comunidad autónoma ya despejada, el grueso del interrogatorio se centró en el principal objeto en discusión de esta comisión especial: la financiación de la línea 1 del tranvía y el convenio que regulaba los pagos a realizar. Un acuerdo crucial que se ha analizado por parte de la DGA desde un punto de vista técnico pero que «ha roto el espíritu» de aquel documento suscrito en el 2009.
DIFERENCIA TÉCNICA // Se refería, especialmente en la comparecencia de Miguel Ruiz, a los casi 40 millones que Zaragoza reclama a la DGA. Porque el documento establecía un calendario de pagos anual que se interrumpió en el 2013, dejando a deber los 9,9 millones de ese año, los 14,85 del siguiente y los 14,85 del 2015, el último. Tres ejercicios no satisfechos que ahora se han topado con un borrador para la liquidación del convenio en el que la comunidad autónoma solo reconoce como deuda 7,9 millones. Y solo eso es lo que autoriza a pagar la Intervención autonómica.
Las principales dudas que esta diferencia de cantidades suscitaba ayer, en las preguntas dirigidas tanto al coordinador como al interventor municipal, versaban sobre todo acerca de si Zaragoza puede exigir esa cuantía de casi 40 millones. En una mesa de negociación o en los tribunales, donde algunos de los partidos creen que está abocado este tema. La respuesta de Notivoli fue clarificadora: en su opinión es legítimo que la ciudad lo reclame, los jueces podrían darle la razón en base a aquel acuerdo político que fue el convenio y su informe al respecto habría sido completamente distinto al que firmó la Intervención de la DGA.
Eso sí, si alguien se lo hubiera pedido. Porque lo que también quedó claro ayer es que nadie en el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) pensó que sería bueno contar ese informe. Quizá habría aportado argumentos jurídicos frente a la interpretación que hace el Gobierno aragonés del convenio, basada estrictamente en la aplicación de la Ley de Subvenciones y en un anexo que, desde el punto de vista técnico, deja la cifra muy por debajo de lo exigido. Entre otras cosas porque ese borrador explica que, entre los mil folios de facturas facilitados, hay conceptos por valor de 77 millones sin justificar y 6 que aparecen duplicados.
Una lectura que, como se evidenció ayer, nadie rebatió desde el consistorio. Según explicó Miguel Ruiz, porque carecía de sentido entrar en una discusión técnica que rompía con la filosofía de un acuerdo político como era aquel convenio, que se estuvo pagando durante los primeros años y que en los tres últimos se interrumpió por esas discusiones técnicas sobre una obra contratada a precio alzado. Es, por tanto, una cuestión más política, en opinión del Gobierno.
