Los años de crisis económica no solo fueron fatales para las economías domésticas de los ciudadanos. También se resintió, y mucho, la cuenta general de la Administración autonómica, que aumentó su deuda entre el 2010 y el 2016 un 144%. O lo que es lo mismo, esta se multiplicó casi por dos veces y media. En total, se pasó de 3.360 millones de euros en el 2010 a los 8.181 millones con los que se cerró la cuenta del 2016. Si estas cifras se dividieran por habitante, supondría que la repercusión en cada aragonés era de 2.154 euros en el 2010 y en el 2016 sería de 5.721. Así lo refleja el informe de fiscalización sobre las operaciones de endeudamiento de la comunidad autónoma que ayer publicó la Cámara de Cuentas.
La mayor parte de la deuda pública de la comunidad autónoma se debe a la adhesión a los mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado a partir del 2012, según indicó el órgano fiscalizador. También por los aplazamientos concedidos por el Estado para la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación en los ejercicios 2008 y 2009. Es decir, el Estado otorgó a Aragón más dinero por una mala previsión en los ingresos tributarios y el la liquidación, la comunidad autónoma tuvo que devolver un dinero que, en gran parte, ya había gastado para afrontar las necesidades de gasto.
EMISIONES
Asimismo, las emisiones de deuda pública aumentaron en 2.455 millones de euros durante este sexenio, aunque la cámara advierte de que en el 2015 y el 2016 no se han producido nuevas emisiones de deuda y se ha reducido el saldo vivo de las mismas en 700 millones de euros. De hecho, la emisión de deuda pública fue la práctica más habitual en los ejercicios del 2012 al 2014. Desde entonces, esta tendencia ha disminuido hasta dejar de utilizar este método de endeudamiento.
El 98% del endeudamiento de la comunidad autónoma corresponde a la Administración de la Comunidad autónoma. Siendo casi testimonial lo que adeudan las entidades de derecho público, la Universidad de Zaragoza o los consorcios, las entidades de derecho público y la Corporación Pública empresarial.
POR ENCIMA DE LO PERMITIDO
En los ejercicios del 2010, 2012, 2014 y 2015, la administración de la comunidad se endeudó por encima de lo autorizado legalmente y en el 2015 se produjo la mayor desviación entre lo autorizado y el endeudamiento realmente dispuesto, de 644 millones como consecuencia de la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera estatal).
En el 2016, la primera ley de presupuestos del Gobierno PSOE-CHA permitió, como novedad, que el Gobierno pudiera adquirir nuevo endeudamiento de los fondos estatales de financiación de la autonomías sin necesidad de estar autorizado por ley de las Cortes de Aragón.
De esta forma, al no computar estos préstamos formalizados con el Estado a efectos del cumplimiento del límite, el Gobierno formalmente no superó el importe legalmente autorizado por las Cortes para el 2016, aunque, advierte la Cámara, en realidad lo superó.
Pese al incremento desorbitado de la deuda pública autonómica, el nivel de endeudamiento de Aragón se ha mantenido estable en comparación con la media estatal, situándose además por debajo de la misma. A lo largo del periodo 2010-2016, se ha situado entre el noveno y el décimo puesto en el escalafón de las más morosas. Eso sí, la ratio de la deuda por el Producto Ïnterior Bruto refleja lo preocupante de este dato, ya que ha sido del 22% sobre el PIB cuando en el 2010 era del 8%. Esta tendencia es idéntica en todas las comunidades autónomas, que han visto cómo el peso de su deuda tiene cada vez más influencia en sus economías.
