La Audiencia Provincial de Zaragoza será la que decida si el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, puede recuperar su pasaporte o no, que le fue retirado hace una semana por el caso pagarés, en el que se investigan unos sobrecostes millonarios en unas obras en la Plataforma Logística de Zaragoza.
La competencia para ello recaerá en el tribunal provincial, después de que la abogada de la acusación popular, Irene Romea, en nombre de UPD, haya anunciado que impugnará la decisión que ayer tomó el juez instructor, Francisco Picazo, de aceptar el recurso interpuesto por el abogado del político altoaragonés, Juan Carlos Monclús, contra la retirada de este documento nacional.
El instructor del caso, el titular del Juzgado número 5 de Zaragoza, le quitó el pasaporte ante la reiteradas peticiones de la letrada Romea, si bien el detonante fue un informe de la Policía Nacional en el que sospechan que pudo blanquear dinero en sus viajes a Panamá, Colombia o Guatemala.
Una justificación que rechaza Escó quien señala que lo dice el Cuerpo Nacional de Policía "está estereotipado" y que dichos viajes son por su trabajo como director de relaciones institucionales de Telefónica para Latinoamérica.
Asimismo, el escrito realizado por su defensa que no puede "eludir la acción de la justicia porque está casado --con la exconsejera de Educación Eva Almunia--, tiene una hija menor y reside en Huesca". De confirmarse, esta medida cautelar habla de "grave quebranto personal y profesional".
En esta causa están imputados el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el constructor Agapito Iglesias y el exdirector técnico Miguel Ángel Pérez.
