El Gobierno de Aragón abrió ayer el proceso de participación sobre la Ley de Memoria Democrática con entidades memorialistas, ayuntamientos y expertos, una norma que complementará los fallos de la estatal y que el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, confía en que se cumplirá «al máximo». Así lo indicó antes de reunirse en Zaragoza con diversas entidades y ayuntamientos en relación con la retirada de símbolos que ensalcen la guerra civil o la dictadura de Franco, con un régimen sancionador si se incumple que alcanza también a las administraciones locales, que no tendrán derecho a subvenciones o ayudas públicas.

Para Guillén, la retirada de símbolos no es lo más importante, sino la sensibilización social y la educación porque la memoria «es fundamental para asentar los valores y los principios de una democracia». La ley puede ayudar a que de ese conflicto se pueda hacer un instrumento de alto interés turístico en la comunidad, porque «prácticamente Aragón está cubierto de lugares de un alto interés en materia de la guerra civil».

El consejero recordó que el Gobierno tomó en consideración el anteproyecto de la ley el pasado 25 de abril y que tras el proceso participativo, con reuniones con diversas entidades en Zaragoza, Huesca y Teruel y talleres, el Gobierno prevé remitir el proyecto a las Cortes en julio para su tramitación con el fin de que esté aprobada antes de final de año y entre en vigor en 2018.

En este proceso de participación podrán tomar parte también los particulares a través de la web de la dirección general de participación ciudadana.

En cuanto a dotación económica, el consejero incidió en que el gran problema del que ha adolecido la ley estatal ha sido la ausencia de financiación y apuntó que la DGA la ha dotado ya este año con una partida de 200.000 euros y hará un esfuerzo para incrementarla.