El Departamento de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón ha iniciado el expediente para la expropiación forzosa de los terrenos afectados por las obras de ejecución de la primera fase de la ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa, un proceso que un grupo de propietarios llevará a los tribunales para pararlo.

El proyecto, declarado en el 201O de interés general de Aragón (PIGA), y promovido por Aramón, participada al 50% por la DGA e Ibercaja, se ha topado con un nuevo obstáculo para su desarrollo debido a las reticencias de una parte de los dueños de los suelos. La empresa no logró llegar a un acuerdo de compra con una parte de los titulares de las 35 parcelas que precisaba, afirmó ayer Manuel Badia, presidente de la asociación vecinal y ecologista Naturaleza Rural. Aramón eludió hacer cualquier valoración al respecto.

Badia aseguró que «cada vez hay más gente en contra del proyecto», unos por razones meramente medioambientales y otros porque «han tomado conciencia» de que «no beneficiará» a Castanesa al haber quedado «minorado» y no contemplar una conexión viaria con esta pedanía de Montanuy.

La comunidad de monte y el papel de CHA

Aramón sí llegó a un acuerdo de compra con la Comunidad de Montes de Castanesa, formada originalmente por unos 60 vecinos, que cuenta con dos parcelas de casi 6,5 hectáreas, lo que supone más de la mitad de los terrenos afectados. Aún así, el departamento que dirige José Luis Soro --cuya formación, CHA, siempre se había opuesto al proyecto-- ha abierto el expediente expropiatario para la totalidad de las parcelas siguiendo las directrices que marca la legislación sobre el PIGA, una figura administrativa que permite reducir, agilizar y acotar la tramitación de los proyectos de inversión.

Ante las diferencias que existían en el seno del cuatripartito sobre esta iniciativa, por el rechazo de Podemos y CHA, la DGA aprobó el pasado mes de octubre en consejo de gobierno una serie de cambios propuestos por Aramón para «reducir y minimizar sustancialmente los impactos ambientales» del proyecto de ampliación de Cerler contemplado en el PIGA del 2010, que ha quedado reducido y redimensionado.

El proceso de expropiación se inició este jueves con la publicación en el Boletín oficial de Aragón (BOA) del acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados tras concluir en octubre el plazo de información pública y alegaciones. Badia aseguró que han presentado alegaciones 21 propietarios, entre los que él se encuentra, que ahora irá a los tribunales para tratar de paralizar la expropiación.

Por otra parte, el BOA publicó también este jueves la solicitud de Aramón para que el proyecto sea llevado a cabo por su filial Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque argumentando «que se pretende utilizar los medios materiales y humanos» de la citada sociedad, en lugar de hacerlo a través de la firma Castanesa Nieve.