El Gobierno de Aragón rompió ayer una línea que venía manteniendo desde hace más de una década, con el apunte del consejero de Presidencia, Vicente Guillén, de «estudiar» la posibilidad de cobrar la factura de los operativos de rescate cuando sean fruto de una imprudencia manifiesta. Una responsabilidad que entra dentro de las competencias de su consejería, indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, por lo que ha dado orden a sus servicios jurídicos para que aborden el asunto.

El consejero apuntó la posibilidad ante las preguntas de los periodistas, al hilo del rescate de dos andorranos que, el pasado domingo, decidieron aprovechar la crecida provocada por la gota fría en el río Bergantes para bajar por él en una endeble embarcación neumática. Obligaron a movilizar a un buen número de efectivos al quedar agarrados a un árbol tras caer de la barca.

Guillén desmintió que haya «ninguna iniciativa» por parte de la DGA para cobrar nada por esta intervención, porque actualmente no hay «sustento jurídico» para hacerlo. No hay ninguna norma ni tasa que ampare pasar la factura por parte de los servicios dependientes del Gobierno de Aragón, salvo sanitarios. Pero a juicio del consejero, «la sociedad se pregunta por qué hemos de pagar estas imprudencias, o las que se dan en verano con el barranquismo o los rescates de montaña». Ante esta inquietud de la «ciudadanía aragonesa» que observa Guillén, el consejero rompió con su apunte una línea de oposición al cobro que venía manteniendo el Ejecutivo aragonés desde hace años, particularmente desde que, hace una década, Cataluña apostó por hacerlo. Aunque sea en casos tasados, que muy rara vez se llegan a cobrar.

PRECEDENTES / El caso de los jóvenes auxiliados en Aguaviva es solo el último ejemplo de una larga ristra de imprudencias que, por ejemplo, se han venido dando este verano en actividades de barranquismo, indicaron fuentes del Gobierno de Aragón, que sin embargo rebajaron la trascendencia de las declaraciones de Guillén, «una reflexión en voz alta», indicaron.

Es cierto que la DGA lanza periódicamente campañas de información sobre los riesgos de las actividades de aventura, que a juzgar por los resultados son sistemáticamente ignorados. Y también que la Guardia Civil insiste, antes y durante las campañas invernales y estivales, en que la mayoría de los rescates son fruto de algún tipo de imprudencia, desde no llevar el equipo adecuado a no informarse de las condiciones meteorológicas, pasando por sobreestimar las fuerzas.

Pero salvo unos porcentajes estimados de imprudencia, el instituto armado, por ejemplo, se limita a exponer en sus partes los hechos, no su opinión personal. Es uno de los problemas de estas iniciativas, que habría que definir muy bien lo que constituye una imprudencia flagrante.

Otro, indicaron fuentes consultadas, sería precisar qué servicios se cobran. Por ejemplo, los rescates de montaña los ejecuta la Guardia Civil, y que se sepa hasta el momento el Ministerio del Interior no se ha planteado seriamente el cobro. Otros, como los Bomberos de la Diputación de Zaragoza, cuentan con tasas (48 euros por hora de camión nodriza, 12 por bombero, etc.), pero con posibilidades de reducción o exención en función de las circunstancias que, según fuentes del cuerpo, hacen que muy pocas veces se lleguen a cobrar. En el caso del Bergantes, los bomberos de la DPT sí podrían hacerlo.

CONTRAPRODUCENTE/ El presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, Luis Masgrau, apuntaba otro factor que desaconseja el cobro, que ha puesto de manifiesto repetidamente también como vicepresidente de la federación nacional. «Si quien sube a la montaña está pensando en que si llama a emergencias le pueden cobrar, puede intentar salir por sus propios medios y convertir lo que era una torcedura en una lesión seria, con lo que el coste social se agrava. El rescate debe ser siempre un servicio público», concluía. Sin contar su posible efecto en el turismo.