El Gobierno aragonés sorprendió ayer al aceptar que se implante la cláusula de revisión salarial para los más de 40.000 empleados públicos. También abrió la puerta a la negociación de la jornada de las 35 horas semanales y a la reducción de la temporalidad en los trabajadores de la Administración autonómica. Estos fueron los avances más significativos de la nueva reunión entre la DGA y los sindicatos, celebrada ayer, que alcanzó un principio de acuerdo sobre el calendario de negociación y los asuntos a discutir.

Unos y otros volverán a mantener un nuevo encuentro en la Mesa de la Función Pública a finales de mes. Los portavoces de CCOO, UGT y CSI-CSIF, los sindicatos mayoritarios, expresaron su satisfacción por los resultados del encuentro y destacaron el hecho de que la Administración haya aceptado al final la inclusión de la cláusula de revisión salarial para corregir posibles desviaciones del IPC. Respecto al incremento retributivo, la DGA se mantiene en su oferta de aumento del 3,3%, la misma que la pactada a nivel del Estado, aunque se ha comprometido a que una parte del 0,5% de ese porcentaje se destine a otros fines distintos que a planes de pensiones.

Para UGT, el preacuerdo alcanzado ayer "restablece el derecho a la negociación colectiva y garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos", señaló Daniel Alastuey, responsable de la Federación de Servicios Públicos. Julio Moreno, de CCOO, por su parte, aseguró que la propuesta de la Administración "cubre lo fundamental" de las exigencias planteadas por este sindicato. Y Montserrat Grau, responsable de CSI-CSIF, admitió avances en la negociación y destacó el compromiso del director general de la Función Pública, Luis Roldán, de "pactar las 35 horas semanales y la cláusula de revisión salarial".