Desde que los tribunales decretaron que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas ha de pagarlo el banco y no el cliente, los ingresos del Gobierno de Aragón se están resintiendo. Según ha expuesto el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, por un cambio de criterio de la banca.

El impuesto se calcula según la responsabilidad hipotecaria, que sería el total del crédito. Habitualmente esta era superior al valor de la vivienda. Siguiendo el ejemplo que ha puesto el director general, si la casa hipotecada costaba 100.000 euros, el banco daba 150.000, y sobre esto se calculaba el impuesto. Pero desde que es la banca la que paga, los créditos se ciñen más al valor exacto de la vivienda. Una entidad (que no citó), de hecho, lo da justo. Así, pese a que hay más hipotecas, y más caras de media, los ingresos para las arcas públicas son menores.

Según los últimos datos de ejecución presupuestaria hechos públicos, del pasado mes de agosto, la reducción era de 3,7 millones respecto al año pasado, aunque el cambio opera aproximadamente desde noviembre.

Esta merma, junto a la rebaja de Sucesiones (casi 30 millones de euros menos por ahora) y el retraso en las entregas a cuenta del Estado, que el viernes fueron oficialmente desbloqueadas, se unen para explicar la reducción de recaudación de este año, de 158 millones por vía impositiva hasta agosto.

Las entregas a cuenta se solucionarán, en 162 millones, cuando lleguen los fondos que desbloqueó el pasado viernes el Consejo de Ministros, después de que la Abogacía del Estado diese el visto bueno a la tramitación del expediente. Un cambio de criterio que la diputada Carmen Susín, del PP, ha vuelto a señalar como electoralista.

Lo que no llegará este año, con toda probabilidad, son los ingresos del IVA pendientes del 2017 y el tramo autonómico de los hidrocarburos. El propio presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado ante los medios en una visita oficial que como pronto llegarán el siguiente ejercicio, cuando haya Presupuestos Generales del Estado. Pero llegará, porque «no son una dádiva», sino ingresos que adeuda el Estado.

Por otro lado, el director general de Tributos ha hecho hincapié en la lucha contra el fraude fiscal, que la DGA quiere incrementar en las grandes operaciones, las transmisiones empresariales (para que no se cuelen bienes que no corresponden, y se beneficien de las bonificaciones) y la deslocalización de empresas.

Para ello quieren incrementar la colaboración con los colegios profesionales, sobre todo los notarios, y la aplicación de nuevas tecnologías, como el Big Data o la Inteligencia Artificial. Tampoco se descarta, como ya apuntó el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, en una comparecencia anterior, la creación de una Agencia Tributaria propia. Se está estudiando si saldría rentable.

En lo que no se ha mostrado tan entusiasta Pozuelo es en la fiscalidad diferenciada para el medio rural, ya que puso en duda su capacidad de atracción de población. Aún así, es parte del acuerdo de gobernabilidad y como tal, se está estudiando para aplicarla, ha asegurado.

Por otro lado, la directora general de Patrimonio y Organización de la DGA, Marta Aparicio, ha situado como una «prioridad» el incorporar más inmuebles procedentes de herencias ab intestato al parque de vivienda social. En la Comisión de las Cortes, ha esbozado algunos planes de ahorro para esta legislatura, como un servicio de reprografía centralizado y no externalizado, o el transporte. También se ha referido al esfuerzo para solucionar todos los contenciosos sobre propiedades y alquileres abiertos con el Ayuntamiento de Zaragoza, o la digitalización de todas las oficinas de Registro, que además es una obligación legal, ha recordado.