El Gobierno de Aragón actuará a través de la inspección para hacer frente al denominado "dumping social" en el que incurren las empresas de transporte para pagar salarios más reducidos y reducir costes a través de la contratación de transportistas de países con normativas más laxas.

De hecho, ya se está tramitando un expediente sancionador contra una cargadora que subcontrata a camiones de otros países y que podría conllevar sanciones de hasta 70.000 euros por el riesgo que para la seguridad vial y social supone esta práctica.

Así lo ha anunciado el consejero de Movilidad y Vertebración del Territorio, José Luis Soro, tras reunirse en la sede del Gobierno de Aragón con el presidente de Tradime, Santiago López-Montenegro, para analizar el intrusismo en el sector y la posibilidad de obligar a los camioneros al uso de las autopistas.

Una reunión que Soro ha calificado de "fructífera, interesante y cordial" y que tenía como objetivo conocer las preocupaciones e inquietudes de Tradime, empresa que cuenta con setecientas asociaciones y dos mil vehículos.

El intrusismo es precisamente una de las cuestiones que más preocupa al sector y a la administración debido a que las empresas contratan transportistas de terceros países que pagan sueldos más bajos, "tiran los precios" y utilizan vehículos más antiguos, con el consiguiente riesgo que conlleva "en todos los sentidos", ha advertido Soro.

Dado que la regulación y la reforma del Reglamento de Transportes es competencia estatal, el consejero ha explicado que el recurso que puede utilizar la administración autonómica es a través de la inspección.

No obstante, ha apuntado la necesidad de una actuación concertada entre todas las Comunidades Autónomas para ajar un problema, "difícil de detectar", que "se va a generalizar y va a poner en riesgo la viabilidad de las empresas y la calidad del trabajo".

En este sentido, López-Montenegro también ha reconocido que no existen datos concretos pero "cada vez más empresas se dedican a hacer este truco legal".

Por ello espera que las sanciones sirvan de ejemplo a las grandes cargadoras para que actúen de forma correcta.

Para el presidente de Tradime "sería lamentable" que las cargadoras aconsejen la deslocalización, porque "somos de aquí y queremos tributar aquí".

Según López Montenegro, está práctica puede conllevar una diferencia de costes de unos 20.000 euros al año y que son los que también dejaría de recaudar el Estado.

Respecto al uso de las autopistas por los camioneros, López-Montenegro ya ha advertido que harán "lo posible" por no tener que asumirlo porque no pueden asumir ningún tipo de coste extra.

Opinión con la que ha coincidido el consejero, quien es partidario de que soluciones tendentes a mejorar la seguridad vial para que "la gente no se siga matando en la carretera" pero que también beneficien al sector del transporte.

A este respecto, considera que no tiene sentido la propuesta del Ministerio de Fomento de bonificar al 50 % (25 % el Estado y 25 % la Comunidad autónoma) el uso de las autopistas para los camioneros cuando el Gobierno de Aragón las bonifica al 75 % y a pesar de ello es "muy bajo" el número de transportistas que se acogen a estos beneficios.