Varias familias con pocos recursos económicos están en una situación límite al dejar de percibir desde el pasado mes de enero las ayudas que ofrece para alquiler social el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón. Fuentes del Ejecutivo confirmaron este retraso en los pagos, que oscilan entre los 120 y los 190 euros al mes, aunque aseguraron que se debe a "problemas administrativos" que están tratando de desbloquearse. "Es una prioridad y se están haciendo las gestiones para desbloquear este problema cuanto antes", indicaron estas fuentes.

De hecho, aseguraron que los primeros días de julio podrían pagarse las mensualidades de enero y febrero, aunque todavía quedarían por abonar las correspondientes a marzo, abril, mayo y junio.

En realidad, el problema no parece estar tanto en Obras Públicas, donde las ayudas a la vivienda para personas con dificultades económicas son una prioridad absoluta, como en el férreo control del gasto que se hace desde Intervención y que está retrasando estas ayudas, indispensables para estas familias, algunas de las cuales aseguraron que corren riesgo de perder la vivienda.

Los afectados por estos retrasos son familias que se acogieron a este plan en el 2012 por 12 meses y que después volvieron a solicitar una prórroga por otro tanto periodo de tiempo. Son parte de las familias de este grupo las perjudicadas por las demoras. El paquete de medidas destinadas a las ayudas sociales para vivienda tenían un presupuesto global en el 2012 de 4,6 millones de euros, con varias acciones entre las que figuraban estas subvenciones parciales para inquilinos con graves dificultades económicas. Posteriormente se prorrogaron estas ayudas con diversas partidas de 1,2 millones de euros. Para acceder a ellas, los beneficiarios deben tener unos ingresos mensuales inferiores a los 780 euros brutos y pagar una renta por el hogar inferior a 500 euros. Asimismo, la cuantía que percibía cada familia no podía superar el 40% del total del pago del alquiler.