Imprevisión o fuerza mayor. Una de estas dos expresiones tiene la clave del juicio celebrado en el Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza, en el que el sindicato médico Fasamet pide que el Gobierno de Aragón reconozca, para poner remedio al problema, que no garantizó la integridad física del personal sanitario en plena crisis del coronavirus. El covid-19, ha subrayado el abogado de la organización profesional, ha costado en la provincia de la capital aragonesa la muerte de un facultativo de un centro de salud y la de un limpiador de una contrata del Miguel Servet, así como una elevada tasa de contagios entre los sanitarios, entre el 14% y el 20%, en función de las fechas.

Sin embargo, el letrado de la Administración autonómica, Jorge Ortillés, ha negado la falta de previsión y ha sostenido en la vista oral que la DGA (sus servicios sanitarios) se vio afectada por un caso de fuerza mayor, "una pandemia mundial" que hizo imposible hacer un acopio suficiente de mascarilas, batas, guantes y otros elementos de protección, pese a que se movilizaron ingentes recursos.

"Había que poner barreras físicas, equipos de protección, para evitar la posibilidad de contagios, en la que España tiene tristemente el récord dentro de Europa", ha argumentado Aspas. "Y todo el personal sanitario, en función de su puesto, debía estar dotado de unos u otros elementos de seguridad, que son sencillos, baratos, fungibles y desechables", ha afirmado.

Pero, en su opinión, ese material "no se compró a tiempo, no se tuvo en cantidad suficiente y cuando se quiso adquirir no se pudo o, si se hizo, fue caro y equivocado", ha agregado.

El fiscal, Alfonso Villacampa, ha señalado que en el comportamiento de la Administración se ha dado una "vulneración del derecho constituciona a la vida y a la integridad física. "Hay precedentes y una cronología que alertaba de la existencia de un riesgo", ha sostenido el ministerio público, que se ha referido a repetidos avisos de la Organización Mundial de la Salud, la suspensión del Mobile Congress en Barcelona y de una importante reunión de cargos de la UE en Bruselas.

En ese contexto, ya en el mes de febrero, ha indicado, "las medidas que se adoptaron aparecen como tardías" y la rápida expansión de la pandemia, geográficamente y entre personas, "no puede calificarse de imprevisible". En opinión del ministerio público, la DGA trata de justificar su falta de previsión en la supuesta imprevisibilidad del covid-19 para justificar la falta de equipos de protección personal (EPIs).

Esta demanda de la Federación Aragonesa de Médicos Titulares, Fasamet, ya está en marcha en Huesca y ayer fue objeto de sentencia en Teruel, donde se condena a la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por haber vulnerado los derechos de los trabajadores y empleados públicos de esa provincia en materia de prevención de riesgos laborales al no proporcionarles los equipos de protección individual adecuados para protegerse del SARS-Cov-2 y ante el riesgo de contagio e infección de la enfermedad de la covid-19.