El Gobierno de Aragón ha presentado varias alegaciones a los planes estatales de transición energética, particularmente por el escaso protagonismo que confieren a las comunidades autónomas y por lo que consideran que es un beneficio para las empresas que cierran centrales, que encima tienen preferencia a la hora de reponer esa energía con instalaciones de renovables.

Las alegaciones fueron presentadas en el 2018, según anunció el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en la sesión de control de las Cortes de ayer, la última de la legislatura antes del pleno del último viernes, solo de iniciativas de impulso. Lambán contestaba a Arturo Aliaga (PAR) sobre sus relaciones con el Gobierno central y repitió uno de sus últimos mantras, que él no es «el delegado del Gobierno en Aragón» y antepone los intereses autonómicos, y lo ilustró con la noticia de las alegaciones.

PESO AUTONÓMICO

Según detalló luego el Ejecutivo autonómico, la DGA ha presentado alegaciones contra el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que componen el Marco Estratégico de Energía y Clima.

Una de las principales, como anticipó el consejero Vicente Guillén tras un reciente Consejo de Gobierno, destaca la injusticia de que las mismas compañías que cierran centrales tengan preferencia para instalar en su lugar fuentes de energía renovable. Algo que pretende ser un peaje de compensación pero que en la práctica mantiene «el beneficio» empresarial en detrimento de otras empresas, aragonesas, que podrían concurrir.

Entre las peticiones de la DGA figuran también que se tenga en cuenta el equilibrio territorial en relación con los beneficios fiscales de los combustibles renovables para el regadío. También un plan de mejora de la eficiencia en la fertilización agraria y el reciclaje de purines, en consonancia con el decreto autonómico.