El Gobierno de Aragón ha presentado a la ponencia de inundaciones de la Comisión del Agua el documento por el que insta al Gobierno de España para que, en el marco de la unidad de cuenca y de sus competencias sobre control, defensa y protección del dominio público hidráulico, comprometa la asignación de 80 millones de euros para reducir convenientemente la peligrosidad y vulnerabilidad del tramo aragonés del río Ebro frente a las inundaciones y que debe ejecutarse entre el 2018 y el 2020.
Los elevados costes públicos, asociados a las indemnizaciones y restitución de infraestructuras, y privados, asociados a las pérdidas productivas y de bienestar, que se derivan de la elevada recurrencia de las avenidas del Ebro «justifican un incremento en el nivel de inversión», destaca el Gobierno de Aragón en un comunicado.
Además, destaca que «la protección permanente de los núcleos urbanos frente a las avenidas con periodos de retorno de 25 años y caudales máximos orientativos de 3.500 metros cúbicos por segundo, debe ser una prioridad absoluta frente a cualquier otro interés que debe lograrse, preferentemente, mediante la mejora de la capacidad de evacuación del cauce tal y como ocurre desde hace tiempo en la ciudad de Zaragoza». Consecuentemente, el Gobierno de Aragón plantea que, a las medidas como el retranqueo, adecuación o eliminación de motas, la apertura de cauces de alivio, la creación de zonas de inundación controlada, así como la adaptación de los usos e infraestructuras agrarias; deben sumarse operaciones de «limpieza» del cauce y de las riberas, entendiendo por ello las operaciones de acondicionamiento, restauración y mantenimiento hidráulico y forestal. Incluyendo los dragados puntuales necesarios, encaminados a evitar la consolidación de barreras al flujo del agua, favoreciendo una dinámica fluvial coherente con los objetivos de la directiva de inundaciones.
La protección permanente de los núcleos urbanos exige abordar trabajos forestales de desbroce, clareo y retirada de restos vegetales que eviten la consolidación de barreras al flujo del agua, en el cauce preferente actual de los entornos urbanos.
El ámbito geográfico de las actuaciones comprende el tramo medio de la ribera aragonesa, tramo comprendido entre los municipios de Novillas y Caspe, ambos incluidos. Comprende 32 términos municipales, con una población total de 731.000 habitantes.
