El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de derechos y atención a las personas con discapacidad, una iniciativa coordinada por el departamento de Presidencia, aunque fue presentada por el de Ciudadanía y Derechos Sociales después de un proceso de participación y que pretende impulsar una sociedad inclusiva y accesible.
El objetivo de la norma es garantizar que, tanto el marco normativo vigente como las actuaciones públicas en beneficio de las personas con discapacidad, estas personas tienen iguales condiciones que el resto de los ciudadanos y se eliminen los impedimentos que les privan del pleno ejercicio de sus derechos.
Fuentes del Ejecutivo precisaron que de esta forma la comunidad se dota de la primera norma autonómica que promueve los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, en el marco de las convenciones internacionales.
Se incide especialmente en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y fomenta la capacitación y el empoderamiento personal y social de las personas con discapacidad.
La ley fija el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad.
El proyecto se estructura en trece títulos: igualdad de oportunidades y no discriminación; atención integral; salud; educación; formación y empleo; servicios sociales; cultura, turismo y otras actividades; autonomía personal; tecnologías e investigación; protección jurídica; medios de comunicación social y publicidad; gobernanza en materia de personas con discapacidad, y régimen sancionador.
En este último apartado, se establecen infracciones leves, graves o muy graves, que serán sancionadas con multas de 301 a un millón de euros.
