El Gobierno de Aragón aprobó ayer destinar casi dos millones de euros a las actuaciones de emergencia llevadas a cabo por el Instituto Aragonés del Agua para subsanar los daños producidos en el abastecimiento de agua a varias poblaciones como consecuencia de la contaminación por lindano del río Gállego.
Se trata de medidas preventivas, la gran mayoría instalación de filtros de carbono en la entrada del agua de boca de estos municipios para que el agua se quede sin lindano. Los núcleos en los que se actuará son Villanueva de Gállego, Biscarrués, Erés, Caldearenas, Latre, Estallo, Anzánigo, Javierrelatre, Marracos, Piedratajada, Ardisa, Casas de Esper, Santa Eulalia de Gállego, Morán, Lupiñén-Ortilla, Tormos, Alcalá de Gurrea, Almudévar, Valsalada, San Jorge, Artasona del Llano, Senés de Alcubierre, Torralba de Aragón, Tardienta, Robres, Alcubierre, San Mateo de Gállego y Gurrea de Gállego.
Por otro lado, el problema generado por la contaminación de lindano sigue concitando las reivindicaciones de distintas fuerzas políticas, entre ellas Izquierda Unida (IU) y Equo. La primera de ellas pidió ayer al Gobierno autonómico que analice suelos agrícolas, cultivos y granjas que toman agua del río Gállego para evitar que el lindano pase a la cadena alimentaria.
En este sentido, IU exigirá al Gobierno de Aragón en el pleno que celebra el Parlamento aragonés mañana que se dirija a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para que, conjuntamente, establezcan un sistema de vigilancia eficaz y transparente de la evolución del lindano y una red de abastecimientos alternativos para los pueblos que toman agua del río.
Por su parte, la formación política Equo reclamó ayer a las administraciones públicas que haga gala de "voluntad política" y no aplique "parches" para resolver el problema medioambiental y de salud pública derivado de la contaminación del río Gállego con lindano.
Así lo aseguró a Efe uno de sus portavoces nacionales, Juan López Uralde, que se desplazó a Huesca para explicar la posición de su partido respecto a la situación y reunirse con alcaldes de poblaciones afectadas. A su juicio, "no ha habido voluntad política de resolver el problema" desde que la fábrica de Inquinosa cerró sus puertas, "y sigue sin haberla".
