La carta del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Zaragoza en la que se prohibía terminantemente captar más deuda bancaria a partir de ahora también llegó al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, que es quien tutela estas operaciones de crédito y que ayer, en declaraciones a este diario, aseguraba que a partir de ahora no autorizará ningún préstamo que pretenda formalizar el consistorio de la capital. Al último, de 24,8 millones de euros, se dio luz verde porque, aclararon, se analizó la documentación remitida por el propio ayuntamiento, se fió de él, pero ahora este escrito «prevalece» y es la versión técnica del subdirector general de Relaciones financiera con las Entidades Locales la que más pesará en próximas peticiones.

Así lo manifestó el director general de Administración Local del Gobierno aragonés, Sergio Pérez, a raíz de que EL PERIÓDICO publicara la prohibición de Hacienda al ayuntamiento de captar más deuda porque su nivel de endeudamiento no es, explicaba el escrito, del 98,26% como aseguraba el consistorio -721,9 millones de euros-, sino del 126,78%, como defiende el ministerio, computando la deuda de 233 millones correspondientes a la operación financiera que permitió, entre el 2009 y el 2013, la construcción del tranvía de Zaragoza.

«El Gobierno de Aragón se encarga de la tutela en este asunto y si el ayuntamiento solicitara autorización para futuros préstamos tendríamos que tener en cuenta la carta enviada por Hacienda», expuso Sergio Pérez ayer. Indirectamente, el veto impuesto por el ministerio podría dejar en mal lugar a esa labor de tutela que ejerce la comunidad autónoma. El portavoz del PP en el consistorio, Jorge Azcón, planteó que «si la DGA ha ejercido nien o mal esa tutela» abriría otro debate, «porque ha autorizado el crédito de este año», por valor de 24,8 millones de euros.

Pero el director general de Administración Local del Gobierno autonómico se exime de toda culpa al respecto porque, aclaró, «se dio en base a la información aportada por el ayuntamiento, que no coincide con la del Ministerio de Hacienda y que ahora es la que prevalece».

Así que todo a partir de ahora pasa porque este varapalo se arregle en Madrid, o no habrá préstamos bancarios con los que acometer inversiones el año que viene. Una disputa técnica entre el ministerio y la Intervención General del Estado con la del consistorio. Esta última está acostumbrada a ello, porque lleva desde el 2015 peleando para corregir este supuesto error. «La imputación de la deuda por el contrato del tranvía lo es exclusivamente a efectos del protocolo del déficit excesivo, por tanto virtual, y que no se corresponde con ningún crédito financiero», defendía entonces para que esos 256 millones no computaran.