La incertidumbre no deja de crecer entre los trabajadores de las subcontratas de la térmica de Endesa en Andorra. Los casi 400 empleados que dependen de ellas temen cada vez más que muchos de estos puestos mueran definitivamente cuando la eléctrica cierre la central en junio del 2020. El Ejecutivo autonómico quiere impedirlo de una u otra forma y ahora aspira a blindar el futuro de estos empleos en el convenio de transición justa que debe presentar el Gobierno central. Así lo aseguró ayer la consejera de Economía de la DGA, Marta Gastón, tras reunirse en el Pignatelli con los representantes de los trabajadores de las subcontratas.
Precisamente, la consejera se reúne hoy en Madrid con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, para tratar sobre el citado convenio de transición justa, ese que la ministra Teresa Ribera anunció en su visita a Andorra el pasado 23 de enero. La intención del ministerio es que en Aragón se firme el primero de estos contratos que el Gobierno central va a establecer con las comunidades afectadas por la crisis del carbón, unos convenios que en un principio deben comprometer proyectos de inversión, financiación y la generación de un «marco atractivo» para atraer empresas.
Es en ese documento donde Gastón quiere que quede reflejado «por escrito» el futuro de los casi 400 subcontratistas. Así, apostó por darles prioridad en los trabajos de desmantelamiento de la térmica y en la instalación de las futuras plantas fotovoltaicas, pero también en cualquier proyecto empresarial que aterrice en la zona. «Queremos que este colectivo de trabajadores quede fijado como prioritario en el convenio de cara a las empresas que se instalarán en la comarca», dijo Gastón.
Este matiz es importante porque Endesa ya dijo la pasada semana que no todos los empleados de las subcontratas podrán trabajar en el desmantelamiento por falta de puestos.
LAS ALEGACIONES DE LA DGA
Por otra parte, los representantes de los subcontratistas criticaron ayer a la eléctrica por querer utilizarles «como moneda de cambio». Su portavoz, Pedro Miñana, recordó que Endesa supeditó la pasada semana su formación y posterior contratación paras las tareas de desmantelamiento y la instalación de la planta fotovoltaica a que el ministerio les adjudique de forma directa los 1.000 megavatios de energías renovables que quedarán disponibles cuando la térmica eche el cierre en junio del 2020.
La DGA ya ha planteado alegaciones al anteproyecto de ley de cambio climático y ha exigido que esa subasta se abra a posibles empresas aragonesas que estén interesadas, algo en lo que también están de acuerdo los trabajadores de las subcontratas.
Fuentes de Endesa indicaron ayer que, según la ley de cambio climático nacional, la compañía «tiene prioridad» en la adjudicación de esos 1.000 MW. También apuntaron que por el momento no hay prevista ninguna reunión con la plantilla de las subcontratas y recordaron que «no son trabajadores de Endesa». Los empleados de las subcontratas llevan cinco meses pidiendo ese encuentro con la compañía. La consejera Gastón dijo ayer que intentará mediar para que la eléctrica les reciba.
