Las sucesivas oleadas migratorias que llegan a la Península desde África han traído consigo el rápido crecimiento de una importante población de menores no acompañados que plantean un problema de acogida. Muchos de ellos se instalan en Andalucía, Canarias y Cataluña, pero otra parte de estos adolescentes acaba recalando en otros territorios, entre ellos Aragón.
La comunidad, por su lejanía de las costas y su baja oferta laboral al margen de la capital, no es un destino preferente de esta nueva inmigración. Con todo, el Gobierno de Aragón ha detectado lo que fuentes oficiales denominan «un goteo» de llegadas de menores inmigrantes no acompañados a los que es necesario
atender en condiciones.
En la actualidad, viven en las tres provincias, en particular en la de Zaragoza, en torno a un centenar de estos menores, un número con tendencia a un lento crecimiento que está llevando a que las estructuras de acogida habilitadas se enfrenten, en un plazo más o menos corto, a una situación
de bloqueo.
Recientemente, el Gobierno central repartió entre las comunidades autónomas 40 millones de euros para menores inmigrantes no acompañados, de los que 25 correspondieron a Andalucía.
Aragón recibió 400.000 euros, una cantidad con la que debe prestar asistencia a los jóvenes
por debajo de la mayoría de edad que llegan sin sus padres y terminan en cualquiera de las tres provincias.
Representan en torno al 0,75% de todos los que arriban a las costas españolas.
En su mayoría los recién llegados tienen entre 16 y 17 años y lo que demandan, además de comida y alojamiento, es protección. La DGA, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), está ahí para garantizar que reciben lo que precisan, dado que desde el año 2001 la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia le otorga el papel de «padre y madre» de los huérfanos de
hecho que son estos inmigrantes, según explica Carmina Mayor, abogada especializada en menores
y en Derecho Penal.
CONVENIO CON OZANAM
«Se considera que un inmigrante menor no acompañado es alguien que se encuentra en una situación
de desamparo», señala la letrada, que explica que la Administración posee una red de instalaciones para albergar a los recién llegados y que va desde los centros de acogida inmediata a los pisos tutelados, pasando por los servicios especializados.
Los centros especializados se centran en los menores que presentan trastornos de conducta o dificultades de integración social y, al igual que el resto de los sistemas de acogida, cuentan con educadores que se implican en la atención integral al residente. «Conviene distinguir entre dos tipos de menores no acompañados», explica Carmina Mayor. Por un lado, señala, se hallan los que llegan a la Península o a las islas porque aspiran a un futuro mejor y buscan trabajo. Y, por otro, los adolescentes que caen en las
redes de las mafias y son utilizados para delinquir. Ambos tipos, añade la letrada, han de ser protegidos
por su vulnerabilidad. De hecho, las necesidades crecientes en materia de atención a menores inmigrantes no acompañados (denominados menas en
la terminología administrativa) han llevado recientemente al Gobierno de Aragón a la firma de un
convenio con la entidad Ozanam para la apertura de un centro especializado con 12 plazas, ampliables
a 14 en casos especiales.
De esta forma, y mediante otros acuerdo con entidades quese dedican a personas con problemas
de integración, la Administración autonómica aumenta la capacidad de atención a un colectivo
que va a más y que está íntimamente ligado al fenómeno de la inmigración ilegal a través del
Mediterráneo.
