Con casi 100.000 recibos del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) sobrevolando los hogares de Zaragoza, el debate político entre el recaudador, el Gobierno aragonés, y el representante de los contribuyentes en la capital, el ayuntamiento, solo hace que agravar una fractura que ya ni esconden. Cada ocasión que tienen arremeten uno contra el otro, con el Ejecutivo autonómico apelando a la insolidaridad que supondría que la capital no abonara este tributo, como ya lo hace el resto de la comunidad, y con el consistorio haciendo bandera de quienes defienden que solo sirve para financiar los «pufos» del pasado en la planificación del saneamiento.
Ayer el debate se trasladaba a las Cortes de Aragón. El presidente Javier Lambán insistió en él que el discutido pago del ICA en Zaragoza no tiene tanto que ver con las depuradoras o el saneamiento de las aguas sino con los tributos medioambientales que ya se abonan en otras comunidades autonómicas. «Está configurado según razonamientos fiscales absolutamente irreprochables», indicó. Así le respondió a la diputada Patricia Luquin, de IU, formación que integra la confluencia de Zaragoza en Común (ZeC), que gobierna en el consistorio y al que culpa de todo el retraso en una recaudación que debió iniciarse en el 2016.
ALGUIEN MIENTE
Desde la federación de izquierdas le reprocharon que los zaragozanos con este pago tendrán que «tapar el agujero» dejado por el fracaso del plan de saneamiento que dejó depuradoras sobredimensionadas y que ha sido puesto en duda por numerosos organismos. Lambán rechazó las acusaciones y cargó contra la «falta de solidaridad» demostrada por ZeC con su rechazo al impuesto, llegando a hablar de «deslealtad institucional» para referirse a la tardanza del consistorio a entregar los padrones para poder cobrarlo.
Pero además señaló que durante los encuentros que desde la DGA se han mantenido con el equipo de Pedro Santisteve se les ofreció «reinvertir lo recaudado en el ciclo hidráulico de la capital a través de un convenio» al que supuestamente se negaron. «Hemos hecho lo imposible para mantener las buenas relaciones», indicó. Aunque llama la atención que el pasado lunes su consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, defendía, a propósito del ICA, que ningún municipio tiene derecho a reclamar un «cupo» del dinero pagado por sus vecinos en este tributo para obras propias y que es siempre una cuestión de «prioridades» decidir qué actuaciones ejecutar.
Además, Lambán destacó que el ICA tiene un «impacto mínimo en las familias» y que el resto de municipios aragoneses llevan ya mucho tiempo haciéndole frente. «Los ayuntamientos del medio rural son bastante más solidarios que el de la capital», destacó. Aunque Luquin también recordó que el tributo está recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y al Constitucional (TC), motivo por el que desde organismos como la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) o las asociaciones de consumidores se duda sobre su eficacia y la legalidad en su cobro. De hecho, esta misma semana instaban a los zaragozanos a no tener prisa en pagarlo.
Pero en el debate entre instituciones hoy predomina lo que estos colectivos tildaban de «trastorno bipolar». Así, el responsable municipal de Economía, Fernando Rivarés, no tardó en responder a Lambán. Aseguró que fue el ayuntamiento quien «el 31 de enero» de este año le ofreció por carta hacer un convenio «para evitar el conflicto del ICA», a la que la DGA nunca respondió. Y ahora envía esta «barbaridad» de recibo. Alguien miente.
