La Diputación General de Aragón se comprometió ayer ante los alcaldes de poblaciones ribereñas del Ebro, entre Zaragoza y el límite con Cataluña, a buscar una solución que desbloquee el problema creado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga al sacrificio tras la captura de diversas especies fluviales consideradas invasoras.
Este compromiso salió ayer de una reunión entre el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y representantes municipales de las localidades de Cinco Olivas, Escatrón, Sástago, Caspe, Chiprana, Fabara, Mequinenza y Fraga.
«Hemos llevado ante el consejero nuestra queja y nuestro malestar por una situación que compromete seriamente el futuro socioeconómico de varias comarcas ribereñas del Ebro», señaló ayer Jesús Senante, alcalde de Caspe, que subrayó que se acatará la sentencia del máximo órgano judicial.
El objetivo es que la DGA interceda ante el Gobierno central para que se intente modificar la normativa del 2007, que establece como especies invasoras la carpa, el siluro y el black bass.
«Hay que tener en cuenta que el entorno creado por los embalses de Mequinenza y Ribarroja es de carácter artificial y sustituyó los ríos existentes por grandes pantanos, con sus propias características», insistió Senante.
El alcalde caspolino señaló que se trabaja para que un grupo de expertos elabore un informe sobre el impacto que tendrá la obligatoriedad del sacrificio en las localidades donde la pesca deportiva es una actividad de gran trascendencia económica.
Por otro lado, la DGA emitió ayer un comunicado en el que indicaba que el compromiso de la reunión era «trabajar a corto plazo desde el ámbito administrativo y político para intentar que el Ministerio de Medio Ambiente publique un decreto transitorio que desbloquee el problema de la pesca de especies invasoras».
En el mismo escrito se afirma que ambas partes consensuaron otra estrategia para conseguir a largo plazo un cambio legal que revierta las consecuencias económicas y sociales de la sentencia del Supremo y que se han valorado en varios millones de euros.
Se trata, según los responsables de Sostenibilidad, de «un nuevo reto político en el que hay que intentar encontrar el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta que las masas de agua afectadas han sido importantemente modificadas con respecto a su configuración original».
Para llevar a cabo los trabajos necesarios, el Departamento de Desarrollo Rural facilitará el acceso a algunas líneas de ayuda con las que poder comenzar a definir una línea argumental que, según el consejero, ha faltado en todo el proceso anterior.
«La sentencia se basa en informes científicos que no han tenido su correspondiente contrapeso y es necesario levantar una arquitectura técnico-científica que justifique el cambio», manifestó Olona.
