El Gobierno de Aragón se ha decidido a cambiar una ley después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) le advirtiera de que iba a sancionar con una multa al alto cargo responsable de que la Administración autonómica se haya revelado durante más de siete años incapaz de ejecutar una sentencia tras la que existe un kafkiano drama social: una familia que debe recibir 100.000 euros, formada por una pareja desempleada con una niña de seis años que padece una malformación, ha estado en dos ocasiones a punto de perder la casa por no poder atender los pagos de la hipoteca cuando debería hacer más de un lustro que hubieran recibido el dinero.
El mérito en este cambio legislativo lo comparten la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, por su expeditiva actuación, y el abogado Santiago Palazón, que lleva casi una década encargándose de la tenaz defensa de la familia afectada.
Estos, que pagaron en el 2006 un sobreprecio --expresamente prohibido por la ley-- de 100.000 euros al adquirir una VPO, obtuvieron en octubre del 2010 una sentencia que les daba la razón y que condenaba a los vendedores a reintegrarles el sablazo.
BUROCRACIA Sin embargo, las cuatro multas coercitivas que el tribunal impuso a los vendedores --y que los tribunales rebajaron-- no consiguieron que estos devolvieran el dinero. Y la DGA se reveló incapaz de hacerlo por motivos burocráticos: la Agencia Tributaria sostiene que no puede ejecutar los expedientes de apremio instados por el Departamento de Obras Públicas y por la Consejería de Hacienda por no tratarse de un ingreso de derecho público; y la DGA carece de un servicio de recaudación propio.
El fisco estatal, por otro lado, ha rechazado emitir para la DGA una identificación de los bienes que poseen los vendedores, lo que le permitiría proceder contra su patrimonio para ejecutar la sentencia cobrando el sobreprecio, por ser datos reservados.
Finalmente, la Dirección General de Vivienda ha optado por una fórmula política para tratar de paliar el desaguisado: proponer a la Consejería de Hacienda una reforma de la Ley de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida, que ha sido incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la DGA que las Cortes debatirán en unas semanas, para facilitar el cobro de los sobreprecios.
El TSJA ha dado por buena la iniciativa y, aunque está pendiente de su tramitación parlamentaria, en una reciente providencia, señala que "no ha lugar, por el momento, a la imposición de multa coercitiva" al alto cargo responsable. Aunque esta decisión la toma "sin perjuicio de continuar la ejecución (de la sentencia) para dar cumplido fin a la misma, de lo que deberá cuidar con toda diligencia la Administración, y con su resultado se acordará lo procedente".
LA REFORMA El proyecto de la Ley de Acompañamiento concede "carácter de ingreso de derecho público" a las cantidades indebidamente cobradas --por superar las que permite la normativa-- por quienes vendan o alquilen VPO, los cuales "serán reembolsados" a los perjudicados.
El texto habilita a la DGA para aplicar procedimientos de apremio de ejecución forzosa contra el patrimonio de los sancionados, a quienes podrá imponer multas coercitivas tanto para instarles a pagar esas cantidades como para conminarles a efectuar obras en el caso de que una sentencia lo imponga. La Administración autonómica podrá poner hasta doce sanciones.
