El Gobierno de Aragón ha cerrado otros 686 millones de euros en créditos a corto plazo para dotarse de liquidez de cara a los gastos derivados de la lucha contra el coronavirus, y entre los que ya tenía concertados y las aportaciones estatales, el cash disponible ronda los 1.500 millonescash de euros.
La cantidad en estos créditos, 1.356 millones, no solo duplica con creces lo que habitualmente pide el Ejecutivo de este tipo de financiación, sino que supone, para hacerse a la idea, prácticamente lo mismo que ha crecido la deuda de la comunidad en los últimos cuatro ejercicios. Y el 16% de la deuda que acumula Aragón en toda la historia, que asciende a 8.315 millones de euros.
Pero toda cantidad amenaza con quedarse pequeña para la situación financiera que está generando la pandemia en la comunidad, ya de por sí no muy boyante, aunque tampoco mala, y ahora hundida por unos ingresos prácticamente desaparecidos y unos gastos sanitarios y sociales disparados.
Un dispendio, además, para el que no se va escatimar, reiteró el consejero de Hacienda de la DGA, Carlos Pérez Anadón, encargado este miércoles de dar la rueda de prensa diaria posterior al Consejo de Gobierno.
PRESUPUESTOS MODIFICADOS
Según apuntó, el decreto firmado el pasado 25 de marzo era para reordenar el presupuesto del Ejecutivo para orientarlo a combatir el covid-19. Unas cuentas públicas que, admitió, tendrán que rehacerse por completo, una vez superada la emergencia, ante la situación que se avecina. ya se recogía la posibilidad de ampliar estas operaciones financieras.
En cualquier caso, en este decreto del Ejecutivo autonómico ya se recogía la posibilidad de ampliar estas operaciones financieras, del límite habitual del 12% de los gastos no financieros (lo que no se destina a amortizar deudas) al 30%. Un límite que prácticamente han apurado, ya que la cantidad supone un 24% de los 5.588 millones presupuestados.
Así, este gasto urgente que se podrá acometer con los fondos será el equivalente a lo que el Gobierno tenía pensado ejecutar en todo el año en bienes y servicios, inversiones y otros gastos financieros a más corto plazo.
En esta última remesa de operaciones financieras cerradas tras el decreto fueron 9 los créditos firmados, los tres últimos ayer mismo. Estos 686 millones se unen a los 670 que ya habían captado hasta el 19 de marzo (cuando lo normal para todo un año son unos 550). En total, 1.356 millones, que se suman a los 120 de las entregas a cuenta adelantadas por el Gobierno central y los 8,85 millones del fondo de facilidad financiera.
Todo ello, ha expuesto el consejero, tiene por objeto que no falte presupuesto para el gasto sanitario y social necesario y que al tiempo no aumente el periodo de pago a proveedores, de cara a no dañar todavía más la situación económica. En este sentido, también se fortalecen los organismos públicos Sodiar y Avalia, para que las empresas aragonesas puedan tener más garantías de aval de cara a futuras operaciones de crédito.
ENTIDADES
Entre las entidades que han cerrado estas operaciones figuran CaixaBank, con 421 millones (un 31% del total); Santander, con 210 millones; Abanca, con 250 y también las aragonesas: Ibercaja, con 120 millones, Bantierra, con 15 y Caja Rural de Teruel, con 13.
Pérez Anadón no ha ocultado que la situación económica va a ser muy precaria, con un "aumento exponencial" de gasto y una "caída estructural" de ingresos, tanto por la parálisis de la actividad económica como por la moratoria del pago de impuestos autonómicos, que hoy mismo se prorrogaba por otro mes, como el estado de alarma, tras ser publicada en el BOA. También ha avanzado que, en la medida en que las Cortes retomen su actividad, el Gobierno lanzará leyes tributarias, porque a diferencia de otras comunidades, no pueden cambiarlas por decreto.
Aún así, ha afirmado que "en ningún caso" peligran inversiones como puedan ser los hospitales de Teruel y Alcañiz, y que hay dinero disponible para todo tipo de contrataciones necesarias, incluida la compra de material, influida por "graves problemas de la cadena de mercado, rota", pero no porque no haya fondos para ello.
A futuro, ha expuesto que las comunidades deberán hablar de la flexiblización de los objetivos de déficit y deuda, como lo habrá de hacer el Estado en Europa.
200 FUNCIONARIOS TRASLADADOS
El decreto del pasado 25 de marzo no solo facultaba al Gobierno de Aragón a reducir trabas burocráticas y a poner el presupuesto a disposición del covid-19, sino a mover al personal funcionario a los departamentos donde fuese más necesario.
Según informó la DGA, hasta el momento son 83 los que han cambiado de departamento, y entre 100 y 150 los que han cambiado de puesto dentro de su misma consejería. Los servicios que están teniendo más demanda, además de los sanitarios y los de servicios sociales, son los de Economía por el aumento de la tramitación de los ERTE y las gestiones que requieren.
