El Gobierno aragonés encargó ayer a sus servicios jurídicos que estudien la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la modificación in extremis de la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que el PP impulsó a última hora en una enmienda a la ley de acompañamiento al presupuesto del Estado del 2004.

En el primer Consejo de este año, de puro trámite, el Gobierno de coalición PSOE-PAR acordó iniciar la batalla legal contra la ley estatal por estimar que supone "una invasión flagrante y muy grave" de las competencias de la comunidad autónoma, según afirmó el vicepresidente aragonés y portavoz del Ejecutivo, José Angel Biel.

El Ejecutivo autonómico entiende que la ley de acompañamiento, al modificar varias leyes relacionadas con el medio ambiente, vulnera las competencias de la comunidad autónoma al introducir variaciones, por ejemplo, en el texto refundido de la Ley de Aguas, la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y el Real Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental. Biel explicó que la ley de acompañamiento al presupuesto ha reformado alrededor de 40 artículos de la Ley de Aguas, entre otros el que hace referencia a la elaboración del Plan Integral del Delta del Ebro. Como consecuencia de los cambios introducidos a última hora por el PP en una enmienda en el Senado, el Gobierno central tiene la última palabra para aprobar el Plan Integral de Protección del Ebro y despoja así de esa competencia al organismo presidido por la Generalitat catalana.

Las cuestiones relativas a las certificaciones de afección de proyectos y actuaciones de conservación de la biodiversidad de la Red Natura 2000, cuya potestad se atribuye ahora el Gobierno central, también son para Biel un ataque a las competencias autonómicas.

POLICIAS LOCALES El Consejo de Gobierno conoció ayer, con carácter deliberante, algunos términos del nuevo proyecto de ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, que modificaría una ley que data de 1987 y que, a juicio de José Angel Biel, se ha quedado "prácticamente obsoleta". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, José Angel Biel explicó que los consejeros conocieron algunos detalles del proyecto, cuya tramitación ya se inició la legislatura pasada pero no llegó a culminar debido a "discrepancias entre los propios policías y las administraciones locales" en algunos asuntos.

Así pues, se entra en una fase de "comentario, diálogo, análisis y debate con el fin de encontrar un punto común" para poner en marcha esta ley, para cuya elaboración se ha de contar de forma importante con la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias y con la Asociación Aragonesa de Municipios.