Un nuevo contencioso entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se podría producir en los próximos meses si no se desencalla la situación de los juzgados de la plaza del Pilar, cedidos por el consistorio a la Administración autonómica pero de forma verbal, al tiempo que el Gobierno de Zaragoza en Común ha pedido la reversión al municipio de este inmenso inmueble. Ayer, en una comparecencia en las Cortes solicitada por el PP, el director general de Contratación y Patrimonio del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Bernal, dio por vigente el «preacuerdo verbal» con el ayuntamiento, a pesar de que admitió que en estos momentos no hay nada firmado.

Bernal indicó, como ya había informado EL PERIÓDICO, que está previsto que en el 2019 se instalen en los tres edificios más modernos de los cinco que forma el complejo de los antiguos juzgados las dependencias del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, para dinamizar la zona y dotarla de población circulante. Trabajarían 500 personas y se estima que habría 140.000 visitas al año.

Precisamente, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó ayer la primera adjudicación de un contrato relacionado con la reforma de los antiguos juzgados para ser sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Así, la empresa Magen Arquitectos, será la encargada de realizar la redacción del proyecto básico y de ejecución, de las instalaciones y del estudio de seguridad y salud del edificio. El importe de la adjudicación ha sido de 45.000 euros, mientras que 9.450 euros se corresponden con el IVA. En total, la adjudicación se ha realizado por 54.450 euros. La propuesta de Magen Arquitectos obtuvo más puntuación que las presentadas por Joaquín Lorente Galdós y Sicilia Asoc. Arquitectos.