Los días previos a la fecha límite marcada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca para la devolución de las 44 piezas del tesoro del monasterio de Villanueva de Sijena retenidas en Lérida han derivado en un enfrentamiento político entre administraciones territoriales. La consejera de Cultura del Gobierno de Aragón calificó ayer las tretas judiciales de la Generalitat como «un desprecio a los aragoneses» aumentando considerablemente el tono del debate.
Además, la dirigente socialista consideró una «provocación» y «excusas de mal pagador» las declaraciones que el martes realizó el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, quien opinó que en estos momentos «no se dan los requisitos ni jurídicos ni físicos idóneos» para proceder con la entrega de las piezas.
Como se había anticipado, la DGA ya ha cursado ante el juzgado altoaragonés una petición en la que se reclama la entrada de técnicos, con el auxilio de la brigada de Patrimonio de la Policía Nacional, para recuperar las piezas conservadas en el museo diocesano de Lérida.
El letrado de la DGA precisa en su argumentación que las alegaciones a este requerimiento debería hacerse antes de la fecha marcada en la petición. Fuentes del departamento de Cultura indicaron que esperan que estas se produzcan entre hoy y mañana, para poder preparar una respuesta. En todo caso, la magistrada María del Carmen Aznar no tiene la obligación de contestar.
otro argumento desestimado /Mientras se espera una decisión en un sentido u otro, la jueza sí que ha tomado cartas en el asunto y ha rechazado el argumento usado el martes por la Generalitat para no entregar los bienes, entre los que se encuentran unas figuras de alabastro y varios arcones sepulcrales de gran tamaño. En una providencia dictada ayer negó que la responsabilidad sobre los mismos sea del consorcio del Museo de Lérida al considerar que esta pretensión ya fue «íntegramente» desestimada hace más de medio año.
Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, se mostró conforme con la decisión judicial y recordó en declaraciones a la agencia Efe que el depositario de las 44 obras -en este caso el Museo de Lérida- es un mero «guardador de las piezas en nombre del verdadero propietario y nada más». Además, insistió en que el propio consejero de Cultura catalán, Lluís Puig, es el presidente del consorcio.
En el debate político sobre el conflicto también intervino el presidente del PAR, Arturo Aliaga. El diputado criticó la «prepotencia» con la que actúan las autoridades catalanas al permitir «un desprecio a las sentencias judiciales que está rayando casi la chulería».
