Aunque el Consejo de Estado ha emitido un dictamen (no vinculante) en el que se aprecian rasgos de insconstitucionalidad en el artículo de la ley de capitalidad que ha permitido que el Ayuntamiento de Zaragoza regido por Zaragoza en Común (ZeC) tome el control de las sociedades municipales, el Gobierno de Aragón defiende que tanto los servicios jurídicos autonómicos como los municipales no detectaron esta posibilidad y por lo tanto confían en que no se produzca un recurso del Ejecutivo central.
El informe fue solicitado por la anterior vicepresidenta del Gobierno del PP, Soraya Saénz de Santamaría, y en él se muestran dudas sobre el artículo 14 al considerar que sustrae facultades de decisión al pleno municipal, según avanzó Heraldo. Por el momento el organismo estatal aún no ha comunicado su parecer de forma oficial a la DGA ni se tiene constancia sobre si el nuevo Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza va a interponer el posible recurso ante el Tribunal Constitucional.
El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, manifestó ayer que serán los servicios jurídicos autonómicos los que tomen las decisiones pertinentes una vez que se conozcan los detalles del informe. «Por ahora mantenemos la misma posición que en los últimos meses», expresó.
El Ejecutivo autonómico reconoció que durante la celebración de la última reunión bilateral con el Gobierno de Mariano Rajoy ya se pusieron sobre las mesas las dudas sobre la constitucionalidad de la ley de capitalidad y que por lo tanto podía ser objeto de recurso. Pero hasta este momento no se ha tomado una decisión al respecto y ahora dar el paso queda en manos de Pedro Sánchez. «Desconozco qué pasará», indicó Guillén.
AYUNTAMIENTO
Prácticamente la misma postura defendió el Ayuntamiento de Zaragoza, organismo del que salió la decisión de quitar a los representantes de la oposición de las sociedades y entidades municipales. «Nadie cuestionó la redacción de ningún artículo, ni siquiera el PP, que en anteriores borradores ya había incluido el artículo 14», expresó el portavoz del Gobierno de ZeC, Fernando Rivarés. Además, señaló que las competencias «venían perfectamente definidas y en ningún momento se cuestiono que vulneraran la Constitución».
Con la DGA y el consistorio a la espera de una reacción del PSOE estatal, que podría tumbar en todo o en parte con su recurso la pactada ley de capitalidad, en esta pugna política queda por conocer cuál será la posición de los socialistas en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hasta ahora han sido críticos con el golpe de mano que usó ZeC para echarlos de las sociedades municipales, pero el juego de alianzas en las instituciones ha cambiado mucho desde que el PP consultara sobre el futuro de la norma.
