El caso apartadero, la causa penal por las presuntas irregularidades en las obras del ferrocarril de Plaza y los terrenos reservados para futuros crecimientos, está definitivamente muerto. Ninguna de las acusaciones personadas --Fiscalía, la propia plataforma logística y el Gobierno de Aragón-- ha recurrido el archivo provisional que decretó el pasado mes de julio el juez Alfonso Tello. Lo hizo al recibir los documentos que justificaban las adjudicaciones sin publicidad, por valor de 15,5 millones de euros, a la UTE Acciona-MLN, que había estado investigando su juzgado de Instrucción, el número 12 de Zaragoza.
Al no haberse mostrado disconforme ninguna acusación, el juez dictó una providencia, fechada el pasado 5 de septiembre, por la que cerraba provisionalmente el asunto.
El expediente encontrará pues su destino final en un cajón, una vez completo con los documentos que justificaban la adjudicación exprés de los trabajos por la necesidad de acometerlos cuanto antes. También daban razones para fijar un contrato negociado sin publicidad. La falta de estas justificaciones fue la que despertó las sospechas del Tribunal de Cuentas, que remitió a Fiscalía, quien a su vez denunció las irregularidades y motivó la apertura del proceso.
EXTRAVÍO
Una vez abierto, sin embargo, lo que lo mantuvo vivo fue la tardanza del Gobierno de Aragón en remitir los informes, que condujeron al cierre de la causa con la misma cadena que la había abierto. La DGA destituyó al funcionario al que responsabilizó de haber traspapelado los documentos. Y así, tras haber mantenido que la adjudicación resultaba sospechosa durante varios meses, el proceso ha quedado penalmente limpio con la aprobación del Ejecutivo autonómico.
Tras contar con la documentación, el juez Tello consideró que las sospechas de que los implicados en la aprobación pudieran haber prevaricado quedaban en meras "conjeturas". Por ejemplo, los correos electrónicos entre trabajadores de la UTE que hablaban de un concierto previo con Plaza para las obras no eran "meros ejercicios de previsión, sino que están relacionados con peticiones concretas que posteriormente se ofertaron".
Asimismo, el informe que manejó el consejo de administración de Plaza, aunque no se llegó a saber quién lo redactó, exonera a los consejeros de no haber actuado correctamente, porque "hay un documento jurídico que lo garantiza".
Por todo ello, el juez consideró que "no existe indicio alguno por el que se pueda decir que haya habido una actuación a sabiendas de la injusticia de la resolución", es decir, la prevaricación por la que imputó al consejo de administración en pleno.
En la causa llegaron a estar encartados el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril --el único que lo estaba desde un principio-- y once exconsejeros de la plataforma logística: el delegado Carlos Escó; los exconsejeros de la DGA Alberto Larraz y María Teresa Verde; el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno; las concejalas Carmen Dueso y María Isabel López; el actual número dos de la Consejería de Educación, Agustín García Inda; el representante de Zaragoza Alta Velocidad, José Luis Abad y los de las cajas de ahorros, José Luis Rodrigo y Fernando Casasnovas.
También adquirió relevancia por su posible elevación al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al estar en el consejo tres actuales diputados --el consejero de Economía, Francisco Bono, el vicepresidente del PAR, Alfredo Boné y el exconsejero de Obras Públicas Alfonso Vicente--, y como tales aforados. Pero la llegada de la documentación de última hora hizo innecesaria la intervención del tribunal competente para juzgarles.
