El Gobierno de Aragón acudirá a los tribunales si el Ministerio de Justicia no le paga los 1,2 millones de euros que, considera, le adeuda como compensación de la transferencia de la justicia gratuita. Así lo anunció ayer en las Cortes el consejero de Presidencia y Justicia de de la DGA, Roberto Bermúdez de Castro, que aseguró sentirse "engañado" por el incumplimiento del compromiso ministerial, según el cual la recaudación de las tasas judiciales serviría para sufragar este servicio.
Bermúdez de Castro compareció ayer en la comisión Institucional de las Cortes, a petición del PSOE, para dar cuenta de la financiación. Aprovechó para criticar por "claramente excesiva" la reformulación de las tasas judiciales del Gobierno central, aunque sí defendió que necesitaban una "reformulación".
Pero insistió en que, según el acta de la conferencia sectorial de Justicia del 7 de mayo del 2012, los ingresos derivados de estas nuevas tasas judiciales "quedan afectos a la financiación de la asistencia jurídica gratuita". Pese a este acuerdo, "no se ha cumplido lo que se dijo en la conferencia sectorial" ni los "compromisos públicos que asumió el ministro, Alberto Ruiz-Gallardón", insistió el consejero.
El Gobierno de Aragón cuantifica lo ingresado por las tasas judiciales durante el pasado año en 1.231.299 euros, que ya ha reclamado "por carta" al subsecretario de Justicia.
CONSENSO La intervención de Bermúdez de Castro contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Así, el diputado del PSOE Carlos Tomás criticó que el ministerio esté incumpliendo sus compromisos con argumentos "que se caen por su propio peso", como que la justicia gratuita ya fue financiada cuando se hicieron las transferencias y otra aportación supondría una doble financiación, algo que negó Bermúdez de Castro porque el coste del servicio "se ha desbordado".
Por su parte, Patricia Luquin, de IU, animó al consejero a ir más allá y pedir la dimisión de Ruiz-Gallardón, en su opinión "el peor ministro de Justicia que ha habido".
José Luis Soro, de CHA, aconsejó a Bermúdez de Castro que incorpore en su reclamación el artículo 107.4 del Estatuto de Autonomía, relativo a la adopción de medidas de compensación del Estado.
Desde los partidos que sustentan al Gobierno, el portavoz del PAR, Alfredo Boné, anunció que, su grupo pedirá que el asunto se trate en la próxima Bilateral, y Fernando González, del PP, recomendó al consejero que no acepte "ni bienes ni edificios" en compensación "como hizo el anterior Gobierno de Aragón con las mermas tributarias".
