El Gobierno de Aragón ha desbloqueado el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés con la resolución de los cuatro contratos de concesión que estaban vigentes para la construcción de depuradoras y pondrá en marcha dos programas, uno de actuaciones directas y otro de subvenciones municipales, por 120,6 millones de euros.
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha tomado la decisión para explicar los detalles del proyecto, que se divide en dos subprogamas, uno de actuaciones directas por 74,3 millones de euros para construir las diecinueve depuradoras pendientes en los municipios de más de mil habitantes equivalentes, a ejecutar entre 2019 y 2024.
El Instituto Aragonés del Agua (IAA) se hará cargo por tanto de la construcción y de la explotación durante el primer año de las depuradoras de Ansó, Astún, Candanchú, Canfranc estación, Canfranc pueblos, Castiello de Jaca, Hecho, Villanúa, El Pueyo de Jaca-Escarrilla, Tramacastilla-Sandiniés-Panticosa, Piedrafita de Jaca, Sallent-Formigal, Aínsa, Boltaña, Broto, Torla, Fiscal, Bielsa, Cerler y Benasque-Anciles.
El segundo subprograma es una convocatoria de subvenciones, por 46,3 millones de euros, para financiar el cien por cien de las depuradoras previstas, más de 250, en todos los núcleos habitados del Pirineo, que deberán de ser promovidas por el Ayuntamiento para dar respuesta a las prioridades, dimensionamiento y tipología.
Las condiciones de la convocatoria garantizarán que las ayudas se asignen priorizando el tratamiento de los núcleos con mayor carga contaminante o que resulte prioritario debido al punto de vertido, es decir, que este se encuentre en un lugar de especial protección.
Estas depuradoras, ha explicado Olona, serán promovidas por los Ayuntamientos, que después podrán elegir entre explotarlas directamente o transferir esta competencia al IAA.
Muchas de estas últimas corresponden a núcleos de población muy pequeños y, por tanto, con proyectos muy sencillos, que los propios municipios determinarán, para evitar su sobredimensionamiento.
El compromiso, según Olona, es que en 2026 todos los municipios del Pirineo cuenten con su depuradora, en cumplimiento de las normas comunitarias y de la propia intención del Estado, que las declaró de interés general. "Es un reto ambicioso y requiere un esfuerzo notable, pero estamos obligados a hacerlo", ha precisado Olona.
La aprobación de estos programas llega después de la resolución de los contratos de concesión, que no ha supuesto al Gobierno de Aragón el abono de indemnización ninguna, pero que sí obliga a liquidar determinadas cantidades que suman unos cinco millones de euros y que permitirán al Ejecutivo obtener la propiedad de terrenos que ya habían sido adquiridos previamente por las empresas concesionarias, generalmente por expropiación, y los proyectos técnicos que ya habían redactado.
De este modo, se agilizará la ejecución de los programas, en tanto en cuanto al tener en propiedad los proyectos técnicos, estos se podrán modificar y adecuar sustancialmente dentro de la legalidad.
Las depuradoras del Pirineo fueron declaradas de interés general del Estado y encomendadas al Gobierno de Aragón mediante un convenio firmado en 2008 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad y las actuaciones se planificaron en el marco del denominado Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, cuyo desarrollo estaba previsto realizar mediante colaboración público privada con cuatro contratos de concesión, que se licitaron y adjudicaron en 2009 y 2010, aunque pronto surgieron dificultades para su desarrollo.
En 2015 solo se habían construido y puesto en explotación 20 de las 297 previstas, todas ellas en la zona PS correspondiente al río Gállego.
El 20 de junio de 2017 el Gobierno de Aragón acordó iniciar los trámites para la resolución de los contratos de concesión de obra pública, proceso que concluyó en octubre de 2018 y que supone la liberación de los vínculos jurídicos con las concesionarias.
La resolución de los contratos, cuyo importe inicial ascendía a 353 millones de euros, implica anular un gasto autorizado de 313 millones, pero eso no significa que el Gobierno vaya a ahorrar 180 millones (si se restan los 120 del coste de los programas a estos 353), puesto que hay que tener en cuenta la libertad de los ayuntamientos para determinar el modelo de gestión y que los contratos anulados tenían una vigencia de 25 años.
