La recién nombrada directora general de Función Pública, María Arantzazu Millo, dio ayer prácticamente por descartada la aprobación de la Ley de Función Pública al no haber acuerdo con los sindicatos. Para Millo, es «una oportunidad perdida». La ley, señaló, conlleva «una financiación que se debería estudiar», Este freno a la ley ya lo había advertido en plenos anteriores por el propio consejero del ramo, Fernando Gimeno. Milllo comparecía por vez primera desde su nombramiento como directora general tras el polémico cese de Ignacio Zarazaga y que se ha relacionado con un cese político por la vinculación de este con Florencio García Madrigal, que aspira a la Alcaldía de Zaragoza sin el consentimiento de la dirección del partido. Ayer, hasta el diputado Gregorio Briz de CHA, partido aliado con el PSOE en el Ejecutivo, consideró que el cese se debía a «razones políticas» que su formación no comparte. Asimismo, la diputada del PP, Yolanda Vallés recordó que se ha incumplido un acuerdo entre los grupos tras otro cese, en este caso el de Miguel Ariño, un funcionario encargado en coordinar y dar amparo a los 800 trabajadores con discapacidad. Un asunto que, para Vallés, es «grave». También la diputada de Podemos, Amparo Bella, indicó que estos ceses demuestran «falta de control».

CINCO LÍNEAS DE TRABAJO / La directora general centró sus ejes de actuación en cinco líneas. La primera, la administración electrónica, a la que pretende dar un «impulso», y la integración de los procesos telemáticos en el sistema de recursos humanos. También pretende trabajar en dar impulso a la administración electrónica y los procesos telemáticos susceptibles de integración en el sistema de recursos humanos, haciendo antes un estudio de necesidades que faciliten la transparencia en los concursos y en las listas de espera.

También pretende mejorar las convocatorias de traslados y disminuir las provisionalidades, así como las interinidades. En este sentido, indicó que durante esta legislatura se han convocado 3.907 plazas de traslado. Su tercer objetivo es estabilizar el empleo público con 1.700 plazas de las que 244 corresponden a oferta ordinaria y en torno a 1.500 a estabilización, aunque todo dependerá de la aprobación de los presupuestos generales del Estado.

La directora general también anunció que se empieza a trabajar en la adopción de un marco normativo sobre prevención de riesgos naturales y otro de sus objetivos es mejorar la calidad de los servicios públicos a través de un plan general que se podría diseñar a partir de los próximos meses.