El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha firmado convenios de colaboración con las comarcas para la distribución de 4 millones de euros de los presupuestos con destino a servicios sociales. El acuerdo prioriza cubrir las posibles carencias que algunas comarcas siguen teniendo en materias como la dependencia. «Las comarcas pueden utilizar el dinero para los programas que consideren oportunos pero en el caso de que sea necesario, y hay comarcas en las que sí, se indican unos destinos previos, básicos y mínimos a garantizar en todo el territorio», expuso Joaquín Santos, gerente del IASS.

En concreto, la Administración propone la contratación de trabajadores sociales para la tramitación de los expedientes de dependencia pendientes de la elaboración de la propuesta de PIA (Programa Individual de Atención) por parte de las Administraciones locales. En este concepto se debe contratar personal a través de contratos por meses hasta completar un total de 62 meses para realizar esta tarea concreta y puntual. El objetivo es aligerar la lista de espera en dependencia.

«Vamos a facilitar que aquello que tengan atrasado lo puedan ir sacando a través de esa contratación de trabajadores sociales. Todos los papeles de los PIA están en las diputaciones provinciales y se trata de sacar atasco y ganar celeridad en la resolución de dependencia», añadió Santos.

25 empleados / Además, en la propuesta de la Administración también figura la contratación de personal técnico y administrativo para dar cumplimiento al Decreto de Centros de Servicios Sociales que establece la plantilla básica de estos centros.

Cada comarca y cada ayuntamiento de 20.000 habitantes tiene una de estas estructuras básicas del Sistema Público de Servicios Sociales. Lo que se contrata es un total de 25 empleados entre trabajadores sociales, directores, psicólogos, educadores sociales y personal administrativo. En este caso, son trabajadores fijos que deben contratar las comarcas.

Asimismo, se plantea que se pueda completar en los lugares en los que sea necesario el establecimiento de un complemento salarial para el servicio de atención a urgencias que deberá alcanzar a un total de 91 profesionales, así como financiar 15.420 estancias en alojamientos temporales de urgencia en un total de 148 plazas.

Los alojamientos temporales de urgencia están previstos para ofrecer solución habitacional en casos de emergencia: declaración de ruina de una vivienda, incendio, derrumbe y otras situaciones sobrevenidas.