El Gobierno de Aragón ha iniciado un proceso de inspección de viviendas en los que pretende descubrir prácticas irregulares, especialmente en los inmuebles de protección oficial. El balance del primer año de control se considera «muy positivo» y se cierra con casi una veintena de fraudes detectados. Además, otra decena sigue en inspección mientras los propietarios tratan de justificar las malas prácticas descubiertas. En total, los usos irregulares suponen un 30% de los casos inspeccionados.

El plan tiene tres líneas principales. Por un lado se han controlado los usos en la Vivienda de Protección Oficial (VPO). El objetivo es garantizar que se usan como primera vivienda y también que no se realizan transferencias o compraventas no autorizadas. Además, también se ha comprobado si las entidades bancarias cumplen con la obligación de comunicar las viviendas que se encuentran afectadas por un procedimiento de ejecución hipotecaria.

En total, el plan de inspección ha revisado de forma detallada 509 inmuebles, algo que según la directora general de Vivienda y Rehabilitación por CHA, Mayte Andreu, supone cumplir más del 100% previsto.

El equipo de inspección se ha fijado en indicios de no ocupación como la carencia de suministros de agua, gas y electricidad, la recepción de correos en otras direcciones o las declaraciones de los vecinos. El expediente sancionador se ha puesto en marcha para seis propietarios y todavía se trabaja en la fase de alegaciones de otros dos. La mayoría de los casos se han detectado en la provincia de Zaragoza.

más casos en zaragoza / En el caso de las transmisiones, alquileres y otras cesiones no autorizadas de las VPO, sobre un total de casi 40 inspecciones, se han localizado 11 propietarios que están cometiendo una posible infracción adminstrativa. Como en el apartado anterior la mayoría se encuentran en Zaragoza. Huesca únicamente tiene tres expedientes y Teruel se libra de incidencia.

Esta semana el Gobierno de Aragón ha publicado las condiciones para el plan de inspección de este año. A pesar del alto porcentaje de incidencias detectadas no se plantea aumentar el número de hogares revisados. La directora general defiende que aunque las cifras globales puedan parecer escasas esta iniciativa no tiene como objetivo «un fin recatudatorio» y que se pone un mayor énfasis en recuperar «el fin social» de la vivienda protegida. Además, los recursos con los que cuenta el departamento son limitados. Para las más de 500 revisiones presenciales en las tres provincias se ha utilizado un equipo formado por tres funcionarios.

Entre las mejoras para el presente ejercicio se proponen perfeccionar la comunicación entre administraciones para evitar conflictos frente a autorizaciones de arrendamientos o ventas no conocidas.