Ni cerrarlo, ni limpiarlo, ni protegerlo, ni enmendar error alguno. La reacción del Gobierno de Aragón a la información publicada por EL PERIÓDICO sobre el estado de abandono, suciedad y abierto a intrusos que ofrece el centro terapéutico de El Frago fue, primero la de enzarzarse con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) al echarle la culpa de todo lo sucedido por tener el control del inmueble y luego reconocer que en realidad aún es de su propiedad y avanzar que "se tomarán las medidas oportunas para que nadie entre". Pero ayer todo seguía igual en este paraje de las Cinco Villas.

La DGA quiere deshacerse del edificio y, en un primer momento, rehusó cualquier responsabilidad en el estado de olvido absoluto en el que se encuentra el centro alegando que hacía "meses" que se había producido la cesión del mismo a la DPZ. Se trata de una reversión del suelo que esta cedió hace casi tres décadas y que ahora va acompañada de una edificación que, además de abandonada, acumula suciedad y objetos en cada rincón. Así que no era su culpa porque, decía, ya no era suyo.

Pero lo cierto es que, según explicaron desde la institución provincial, el único paso que ha dado al respecto es pedirlo, hace dos meses ("el 16 de junio"), con una comunicación que llegó a la DPZ hace menos de un mes (el "17 de julio") y que esta rechazó por los "importantes errores" que el acta de recepción contenía. Una semana le bastó para responder que "no están especificados algunos datos", como "no incluir las referencias catastrales o el conjunto de volumenes que componen el complejo. "No está recepcionado porque hay errores que subsanar. No es propiedad de la diputación", aseguraron tajantemente.

Así de contundente fue su respuesta a la afirmación realizada por fuentes oficiales del departamento de Sanidad por la mañana con respecto al abandono de El Frago. "El edificio se devolvió hace seis meses a su propietario, la DPZ", que "es quien tiene el control" y que hace que "aunque quisiéramos entrar a limpiar hoy no podríamos porque el Salud no tiene las llaves", dijeron.

ACUSACIONES Sobre el lamentable estado en el que se encuentra el inmueble, aseveraron que "no se dejó el centro así cuando se cerró" y que, aunque "no gusta verlo así", no se fueron "dejando las puertas abiertas", por lo que entienden que ahora "si alguien ha entrado, no es problema del Salud sino de la DPZ".

Una confusión inicial que cambió conforme avanzó el día ya que, pocas horas después, las mismas fuentes del Salud rectificaron y aseguraron que ese rechazo de la DPZ "aún no ha sido comunicado a la DGA". Eso les convertía de nuevo en propietarios del inmueble, por lo que "se adoptarán las medidas oportunas para que nadie entre".

Su versión pasó a ser que las llaves ahora están en la Dirección General de Patrimonio --todas salvo las que todavía reposan en un viejo cajetín del centro terapéutico--, y que "se subsanarán los errores" en la petición trasladada a la DPZ, cuando se reciba la comunicación formal.

Pero no hay novedad sobre lo que quedó allí, donde todavía quedan medicamentos, boquillas de pruebas de etilometría usadas, documentación sobre la contabilidad personal de algunos internos o papeles triturados de información confidencial (incluso fotos de menores), apilados junto a la impresora.