La consejera de Economía de la DGA, Marta Gastón, volvió a insistir ayer que los cerca de 400 trabajadores de las subcontratas de la térmica de Endesa en Andorra «deben ser la prioridad absoluta» tras la enorme brecha que abrirá en la provincia el cierre de la central en junio del 2020. Los 153 empleados directos de la térmica ya pactaron con la eléctrica su recolocación en otras instalaciones de la compañía, pero el futuro de los subcontratistas sigue en el aire. Por eso, Gastón anunció ayer que el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) está diseñando un plan específico para impulsar la reincorporación laboral de estos 400 trabajadores.

«Son los que más difícil lo tienen para encontrar un trabajo sustitutivo», subrayó ayer la consejera en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Gastón se reunirá la próxima semana en Andorra con representantes de los empleados para desglosarles el plan que está elaborando el Inaem. La DGA quiere que estos trabajadores, que pertenecen hasta a una treintena de empresas, sean «prioritarios» tanto para los nuevos proyectos empresariales que se ubiquen en Andorra como para las acciones formativas del instituto público de empleo. Así, el objetivo es facilitarles una formación más específica o especializada de cara a las futuras iniciativas.

CONVENIO TRANSICIÓN JUSTA / «Deben ser un colectivo prioritario y dentro de ellos el configurado por los de más edad y más próximos a la jubilación», incidió la consejera, que apuntó que el plan todavía está por definir con las aportaciones que realicen los propios afectados.

El pasado 10 de abril, Gastón ya pidió en Madrid al secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, que el futuro de los subcontratistas quedara reflejado como «prioritario» en el convenio de transición justa que debe presentar el Gobierno central.Ese que la ministra Teresa Ribera anunció en su visita a Andorra el pasado 23 de enero. La intención del ministerio es que en Aragón se firme el primero de estos contratos que el Gobierno central va a establecer con las comunidades afectadas por la crisis del carbón, unos convenios que en un principio deben comprometer proyectos de inversión, financiación y la generación de un «marco atractivo» para atraer empresas.

El ministerio aceptó la petición de la consejera Gastón y así quedará reflejado en el convenio. De esta forma, los cerca de 400 empleados tendrán prioridad en los trabajos de desmantelamiento de la térmica y en la instalación de las futuras plantas fotovoltaicas, pero también en cualquier proyecto empresarial que aterrice en la zona.

Endesa ya ha dicho que no todos los empleados de las subcontratas podrán trabajar en el desmantelamiento por falta de puestos. Los representantes de los subcontratistas llevan mucho tiempo pidiendo, en vano, una reunión a la eléctrica.