El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón distribuirá 2.702.764 euros procedentes de los Fondos Europeos Agrícolas de Garantía (FEAGA) para la reestructuración y reconversión de viñedo para la campaña 2018-2019.
El objetivo de estas medidas de apoyo es aumentar la competitividad de los productores aragoneses de uva y vino, adaptando sus explotaciones a la demanda actual de los mercados, informan fuentes del Ejecutivo en una nota.
De este modo, se pueden obtener ayudas de hasta el 50 por ciento de los gastos que tienen que asumir los viticultores para realizar una reconversión varietal, para mejorar las técnicas de gestión del cultivo o incluso para replantar superficie si así lo exigiera un arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios.
Una vez concluido el plazo, el número de solicitudes recibidas por el Gobierno de Aragón asciende a 243 para una superficie total de 496 hectáreas.
De ellas, 71 pertenecen a la Denominación de Origen del Campo de Borja, 98 a la de Cariñena, 36 a la de Calatayud y 32 a la de Somontano.
Esta campaña, como novedad, no era necesario presentar los planes de forma colectiva, aunque a pesar de ello más del 97 por cinto de los titulares ha preferido optar por peticiones colectivas integradas por grupos más o menos amplios de viticultores y que representan más de 95 % de la superficie solicitada.
Las seis solicitudes individuales tienen una superficie media de 4 hectáreas, superficie superior a la media solicitada a través de las solicitudes colectivas que en su conjunto y para los 4 Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen se sitúa aproximadamente en 2,4.
La garnacha ha vuelto a ser la protagonista a la hora de solicitar estas ayudas y, así, el 45 % de la superficie que es objeto de la solicitud de esta ayuda pertenece a esta opción varietal y existe el compromiso de plantar o reinjertar con clones mejorados de garnacha en al menos un 20 % de la superficie solicitada.
A partir de ahora, la comisión de valoración del órgano gestor seleccionará y valorará los expedientes en un proceso de concurrencia competitiva ordinaria de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación para después emitir un informe en el que concretará los resultados de la evaluación final.
