Los Gobiernos central y aragonés mantienen vivos alrededor de una cuarentena de litigios en el Tribunal Constitucional y unos quince asuntos en los tribunales ordinarios de Justicia, a través de lo contencioso-administrativo o por la vía civil. La comunidad aragonesa es, junto a Andalucía y Cataluña, una de las de mayor conflictividad con el Estado. Un elevado índice que el Gobierno central se ha propuesto reducir potenciando los cauces de diálogo en la comisión mixta de cooperación de la que forman parte ambos ejecutivos, según puso de manifiesto el lunes en Zaragoza el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras reunirse con el presidente aragonés, Marcelino Iglesias.
Sevilla se propone desatascar el Tribunal Constitucional, según publicó ayer El País , promoviendo la retirada de recursos pendientes entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. En el caso de Aragón, el Estado mantiene los dos recursos que presentó en el 2001 ante el Alto Tribunal contra la ley de Ordenación del Territorio de Aragón en lo relativo a la planificación hidrológica y contra la disposición adicional séptima de la ley de creación del Instituto Aragonés del Agua, que establece la necesidad de que este organismo elabore el informe preceptivo sobre asuntos hidráulicos y al que debían someterse el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de Cuenca. El Gobierno PSOE-PAR introdujo esta disposición para intentar frenar el trasvase del Ebro.
En cuanto a los restantes asuntos que el Gobierno aragonés llevó al Constitucional, éstos son algunos de los más destacados:
LEY DE ESPACIOS NATURALES La comunidad autónoma cuestiona la regulación sobre la gestión de los Parques Nacionales, ya que entiende que ésta le corresponde al Gobierno regional y no al Estado. Hay varios recursos presentados sobre esta cuestión.
LEY DE AGUAS La DGA impugnó en su momento la regulación del posible mercado del agua. Existen recursos posteriores sobre este controvertido asunto.
EXPLOTACIONES PORCINAS El Gobierno aragonés impugnó una normativa estatal por contradecir las directrices parciales sectoriales aprobadas por Aragón.
HORARIOS COMERCIALES Desde Aragón se impugnó la ley de junio del 2000 que modifica la regulación de los horarios comerciales y días de apertura.
LEY DE EXTRANJERIA El Gobierno aragonés consideró que esta normativa estatal supone recortar los derechos fundamentales de los inmigrantes.
PLAN HIDROLOGICO NACIONAL El Ejecutivo PSOE-PAR impugnó en el 2001 la autorización de la transferencia de caudales.
LEY DEL DEFICIT CERO Se impugnaron varios artículos en el 2002 por considerar que se vulneró la autonomía local y se restringían las facultades de la comunidad autónoma en el control financiero de las entidades locales.
LEY DE CALIDAD DE LA EDUCACION Se impugnaron varios artículos al estimar que la normativa vulneró competencias de la comunidad autónoma.
LEY DEL SECTOR FERROVIARIO La comunidad autónoma ha recurrido varios artículos de esta norma estatal por entender que se infringen las competencias de la comunidad autónoma en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y en parte de industria.
