Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón estudiarán si hay opciones viables para recurrir la decisión del Gobierno de España adoptada la semana pasada de aplazar la oferta pública de empleo extraordinaria de 1.483 plazas sanitarias.

Así lo expuso ayer Javier Marión, gerente del Salud, quien manifestó que respetan la medida del Ejecutivo central, aunque insistió en que la ley de salud aragonesa «cumple la legalidad porque plantea una oferta de plazas ya existentes —cubiertas por interinos ahora—, dotadas presupuestariamente y no suponía un incremento en gasto de persona», explicó. «Es una decisión desafortunada y la responsabilidad es de quien la ha adoptado sin razones objetivas», precisó Marión.

El gerente del Salud recalcó que si el gobierno elimina finalmente la tasa de reposición se procederá a realizar «una modificación inmediata» para convocar las plazas extraordinarias que ahora han quedado aplazadas. Dada la situación, hoy se anunciará en el BOA (modificador urgentemente) la convocatoria «exclusivamente» de las vacantes ordinarias correspondentes a las ofertas de empleo pendientes.

Así, Marión lamentó el daño que va a causar la decisión, especialmente en la cobertura de las plazas de médicos especialistas en los hospitales periféricos. «Es un serio contratiempo para Aragón», dijo. Así, esta semana estaba previsto que se convocaran 506 plazas de médicos que ahora se van a quedar en una publicación corregida de 234. De este modo, enfermería tampoco se van podrán anunciar las 437 plazas pendientes.

El gerente resaltó que cuando el Estado propuso a Aragón la celebración de una bilateral para tratar el asunto «se vio que no había ningún proceso real de negociación» y, de ahí, que se haya llevado al Constitucional.

Reunión con sindicatos / Marión mantuvo ayer una reunión con representantes de los sindicatos en la que les transmitió que el departamento defiende que la ley aragonesa de salud y, en consecuencia la OPE, se ajustan a la legalidad.

Estos colectivos, que plantearon la opción de realizar una huelga antes de que terminara el año como reclamo de la OPE extraordinaria, se reunirán en los próximos días para estudiar la situación. «Tenemos malas sensaciones y creemos que esto es una tomadura de pelo», señaló desde el sindicato CSIF Evangelino Navarro. «Creemos que ya sabían desde la DGA que esto no iba a slair adelante, pero nos dieron largas y ahora estamos en esta situación», lamentó.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Susana Gaspar, apuntó ayer a las «serias dudas» que ocasionaba en su formación la modificación de la ley del salud aragonesa. Gaspar recordó que en sesión plenaria advirtieron al Ejecutivo aragonés que «no eran las formas ni el camino de solucionar los problemas creados por el consejero Sebastián Celaya», dijo. La portavoz insistió en conocer los motivos de la postura de la DGA y lo hará mediante una pregunta oral en el pleno.