El Gobierno de Aragón está realizando un muestreo entre un millar de beneficiarios del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para detectar posibles casos de fraude. Esos que, tal y como aseguró el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, están impidiendo que reciba el salario social "quien de verdad lo necesita". A partir del resultado se tomarán medidas para atajar la picaresca, pero también para reducir los plazos para la obtención de este subsidio. En definitiva, una remodelación completa del acceso al IAI, que ahora están percibiendo 4.000 aragoneses --de estos, 724 se corresponden a altas o renovaciones dadas a lo largo de este año--.
Tal y como ha podido comprobar este diario, si los trabajadores sociales municipales ya aseguraban que los retrasos en percibir el IAI eran al menos de cuatro meses, hay usuarios que aseguran que han tardado en recibir este ingreso seis meses. Un periodo de tiempo excesivo sobre todo si se tiene en cuenta que los beneficiarios de esta ayuda son personas que no tienen ningún otro ingreso o, en todo caso, es mínimo.
Desde el Ejecutivo aragonés aseguraron, sin embargo, que estas esperas tan prolongadas son "casos puntuales", aunque reconocieron que están trabajando en agilizar la concesión del ingreso aragonés de inserción. Esta será una de las patas de la reforma que llevará a cabo el Ejecutivo autonómico y que pasará, en primer lugar, por analizar "la realidad" actual de los perceptores del salario social.
TIPOLOGÍA DE LA PICARESCA Es decir, detectar fraudes en ese muestreo que se está realizando de mil perceptores. Por el momento, el análisis no se ha concluido y, en consecuencia, el Ejecutivo autonómico no cuenta con un porcentaje concreto de defraudadores. Sin embargo, sí se han detectado ya dos tipologías: el beneficiario del IAI que cobra en negro --en realidad tiene ingresos mucho más altos de los que declara--; y el que acude a Aragón a percibir el salario social por sus condiciones, más relajadas que en otras autonomías, o bien el que cuando se le ha concedido se marcha a otra región o incluso a otro país.
De hecho, indican desde el Departamento de Sanidad y Bienestar Social, hay un "efecto llamada", debido a que el IAI aragonés se da a partir de los 18 años y con seis meses de empadronamiento, mientras que "en comunidades limítrofes" se concede a partir de los 25 años y con un año de empadronamiento. Es decir, que se estudia elevar la edad para la concesión de esta ayuda, previsiblemente hasta esta cifra, además de "primar las cargas familiares" y de dar más relevancia al informe social realizado por los centros sociales de base.
Las intenciones del Gobierno de Aragón no han caído precisamente bien en el colectivo de trabajadores sociales municipales. El enfrentamiento DGA-consistorio de los últimos días debido al atasco que existe en los expedientes que tienen como origen Zaragoza capital también ha sublevado a estos empleados, sobre todo por la explicación dada por Bienestar Social, que asegura que falta documentación en al menos el 60% de las solicitudes, extremo que desmienten por completo los trabajadores. "Si así fuera el 40% debería salir adelante y no es así", indicaron desde la Plataforma de Profesionales de los Servicios Sociales de Zaragoza.
Lo cierto es que se siguen sin poner medios para la resolución de este atasco. Y, de hecho, según el Ejecutivo autonómico, este ni siquiera existe.
CONTRADICCIÓN Según sus datos, en la provincia de Zaragoza se han otorgado ya durante este año 528 concesiones y renovaciones del IAI, lo que implicaría que muchas de ellas corresponderían a la capital. Los trabajadores sociales, no obstante, insisten en que hay "un bloqueo" a la resolución de expedientes motivado por causas económicas. Es decir, según esta plataforma, se quiere alargar el presupuesto y, de este modo, se dan altas
