El portavoz del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, fue contundente ayer al exigir al Gobierno central más firmeza en su compromiso con los damnificados del Ebro, que comienzan a hacer las primeras evaluaciones de los daños sufridos por la crecida del mes pasado. En este sentido, Guillén destacó que el Gobierno de Aragón ya podría haber aprobado su propio decreto de ayudas, pero no considera oportuno hacerlo hasta que se implique el Gobierno central. A su juicio, este tipo de medidas deben tomarse de forma coordinada entre las administraciones implicadas. En este sentido destacó el trabajo realizado por la Diputación Provincial de Zaragoza y anunció que ayer mismo llamaría al delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, para instarle a convocar una reunión a tres bandas de forma inmediata. Guillén no quiso aventurarse a hacer una estimación definitiva de los daños, pero sí calculó que estos rondarían los 25 millones de euros y las 19.000 hectáreas dañadas. Un contratiempo económico para cualquier administración, pero que hay que acometer. En cualquier caso, los daños aunque cuantiosos serán menores que en el 2015. En aquel año, los perjuicios económicos rondaron los 37 millones de euros.

LAS ASEGURADORAS

Además de la «responsabilidad importante» del Gobierno central, el portavoz del Gobierno también advirtió del papel de las aseguradoras agrarias, que son las que tienen que responder en primer lugar y las que asumirán buena parte de las compensaciones. En este sentido, el portavoz del Gobierno reconoció la concienciación de los agricultores ribereños, que han recurriedo a estos seguros mayoritariamente tras las últimas crecidas extraordinarias.

Guillén también recordó la necesidad de abordar un plan urgente de inversiones en el río, tal y como le recordó el presidente de Aragón, Javier Lambán, al del Gobierno central, Mariano Rajoy. Un plan que rondaría los 80 millones de euros que paliaría la gravedad de crecidas como la ocurrida hace una semana y que genera mayores males de los que deberían. Guillén consideró necesario avanzar en la consolidación de motas, la creación de otras, la limpieza del cauce o crear zonas de evacuación. Guillén consideró que el Gobierno debería haber declarado ya este tramo del Ebro como zona de «urgente actuación» y cuestionó que hasta ahora solo hayan propuesto reducciones en el IRPF, cuando la mayoría de los trabajadores del campo no tienen IRPF.