Los cuidadores no profesionales de personas dependientes ya no tendrán que abonar de su bolsillo a la seguridad social el 100% de la cantidad para poder cotizar por su labor, sino que, a partir de ahora, el Gobierno de Aragón financiará el 60% de esta aportación gracias a una partida de 400.000 euros para esta acción en el presupuesto del 2017.
La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), podría beneficiar a las cerca de 300 personas en la comunidad que han estado dadas de alta en el ejercicio 2016 como cuidadores no profesionales y han abonado las cuotas. Pueden solicitar la ayuda hasta el 2 de septiembre.
Según explicó el secretario general técnico del departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, el máximo de la cuota aportada por estas personas a la seguridad social, por una jornada completa, asciende a 181,55 euros, de los que ahora la DGA subvencionaría el 60%. «Es la primera vez que el Ejecutivo aragonés da este apoyo económico», dijo Jiménez.
La figura del cuidador no profesional se incluye en la Ley de Dependencia y, desde el 2007, las cantidades eran abonadas al 100% por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Sin embargo, en el 2012 el Gobierno central suprimió la cuota y desencadenó que cada persona tuviera que gestionar su propia cotización.
OBLIGACIONES
«Esto provocó la caída del número de personas que se suscribían a este convenio especial y desde el departamento es una situación que siempre hemos querido abordar, por eso este año se destinó un dinero específico para recuperar los recortes en dependencia», señaló Jiménez.
El secretario técnico de la consejería que dirige Mariví Broto reiteró la necesidad de que el Estado «cumpla con sus obligaciones» respecto a la Ley de Dependencia. «Ya no solo en materia de financiación, sino en el cumplimiento de sus funciones de asumir y abonar cuotas», dijo.
Los primeros beneficiarios de estas ayudas serán los cuidadores no profesionales de Aragón dados de alta en el 2016, porque ya es un ejercicio terminado, mientras que la previsión que se tiene en el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales es que «la cifra se amplíe» en los próximos años.
Los solicitantes de esta ayuda deben estar vinculados a una prestación económica para el entorno familiar del dependiente y, entre otros requisitos, deben ser cónyuge o parientes de consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco del dependiente; estar empadronados y tener residencia efectiva en cualquier municipio de Aragón, al menos con un año de antelación a la finalización del plazo de presentación de la solitud. Asimismo, deben haber abonado ya su cuota del 2016 a la seguridad social como personas al cargo de dependientes.
Hace menos de un mes, el Ejecutivo aragonés hizo efectivo ya un cambio en la norma de dependencia respecto a los cuidadores y que permitirá desatascar unos 400 expedientes de dependencia que estaban en el cajón. Ahora, para que el dependiente reciba la prestación ya no es obligatorio que su cuidador esté empadronado en su mismo domicilio. También se aumentó la cantidad a percibir en más de un 50% en los tres grados.
Por primera vez en muchos años, Aragón lidera, con casi un 42%, el incremento en el número de dependientes atendidos a lo largo de la actual legislatura. Cerca de 24.000 personas reciben la ayuda y, al día, acceden al sistema 15 nuevos usuarios frente a los cinco que se perdían durante el Gobierno PP-PAR.
