La Audiencia de Zaragoza continúa el juicio contra el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó, y los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floria, en el marco del caso saqueo de Plaza, los únicos de los 25 encausados que no llegaron a acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción. Entre los testigos llamados ayer a declarar estuvo el que fue director general de Comunicación del Gobierno PSOE-PAR, Manolo Gracia, quien reconoció ante los magistrados que fue conocedor de la existencia del correo Miserias que analizó la Policía y en el que se detallaban supuestas corruptelas de Escó que ahora son la base de unas acusaciones que tienen que demostrarse.

Gracia aseveró que ese correo electrónico pudo leerlo después de que un medio de comunicación se pusiera en contacto con él para mostrárselo. «Era una época de muchos dossieres sobre diferentes personas», destacó, mientras resaltaba que fue a contárselo al propio Escó (que se enfrenta a 7 años y cinco meses de cárcel). «Días después me dijeron que no iban a publicar nada», por lo que ya no hizo nada más sobre ese asunto. Ante el tribunal provincial también explicó que todo ello se produjo en el verano del 2004, es decir, nueve años antes de que estallara este caso judicial por corrupción en Aragón, uno de los mayores en la comunidad junto a la operación Molinos en La Muela.

Unas explicaciones que ya ofreció el propio Escó durante su declaración por este asunto en el que se declara inocente. «Si ese medio no publicó nada, se debe a que lo investigaron y no vieron nada», apuntó. Otro de los citados a declarar como testigo en este asunto fue el actual secretario general técnico de Presidencia del Gobierno de Aragón, Julio Tejedor, que ocupó cargos en el Ejecutivo de Marcelino Iglesias.

Fue preguntado sobre la operación inmobiliaria llevada a cabo en Plaza por la empresa Sanedi. Las acusaciones entienden que dicha firma sacó un beneficio de 2,6 millones de euros cuando Plaza compró una finca por un precio superior al doble de lo que le había costado a esta dos años antes. Es más, una parte de ese terreno fue calificada de inútil para cualquier uso salvo si era agrícola. De ello responsabilizan a Escó, a partir también del correo Miserias.

Tejedor señaló que nada sabía de dicha operación, que la conoció en el 2014, después de que la Universidad de Zaragoza le pidiera un informe, a petición del abogado defensor de Escó, sobre si dichos terrenos se compraron o se expropiaron. En su opinión fueron lo último. Una afirmación que rechazó el abogado de Sanedi, Jorge Manrique, quien aseguró que «desde el año 2002 lo conocía». «Yo trabajé con él, optamos por hacer una escritura para dar carta de naturaleza a la dinamización de la expropiación».